Su acuerdo con el gobierno títere de Delcy Rodríguez le concede durante cien años la explotación del 55% de la producción venezolana y de comprar el crudo a precio de coste.

Por Manuel Medina (*)

Nueve meses después de secuestrar a Nicolás Maduro, Estados Unidos se ha asegurado a través de un «acuerdo», el control mayoritario de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas. La operación convierte en hechos la nueva doctrina expansionista anunciada por Donald Trump. El «pacto» con el Gobierno de Delcy Rodriguez concede derechos de explotación durante cien años y garantiza a Washington el 55% de la producción de 17 campos estratégicos. La operación convierte en hechos tangibles la doctrina expansionista anunciada por Donald Trump y coloca la principal riqueza de Venezuela al servicio de las necesidades energéticas y militares estadounidenses.

Estados Unidos no necesita ya anexionarse formalmente Venezuela, sustituir su bandera ni nombrar un gobernador militar para someterla a una relación colonial. Le ha bastado con controlar las decisiones fundamentales del país:

– quién puede gobernarlo,

– qué empresas explotan sus recursos,

– dónde se deposita el dinero obtenido,

– a qué mercados se dirige el crudo

– y qué parte de la producción queda reservada para las necesidades estadounidenses.

Por eso, el acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump hace tan solo unas horas nos permitirá comprender la verdadera naturaleza de la operación iniciada con el secuestro de Nicolás Maduro. Sus cifras resultan abrumadoras: 65.000 millones de barriles, 17 campos petroleros, derechos de explotación durante cien años y el 55% de la producción efectiva de la nueva compañía bajo control estadounidense. No se trata simplemente de autorizar inversiones extranjeras. Washington se asegura una posición dominante sobre una parte decisiva de las mayores reservas petroleras de todo el planeta.

Para entender la magnitud de lo que ha ocurrido hay que ordenar los acontecimientos, separar las promesas de los hechos y responder a tres preguntas elementales: quién decide, quién controla y quién se beneficia.

EL REGRESO DE LA DIPLOMACIA DE LAS CAÑONERAS

El acuerdo petrolero con Venezuela no puede entenderse como una negociación comercial entre dos Estados soberanos. Tampoco constituye una decisión improvisada de Donald Trump. Es la primera gran materialización de un programa expansionista claramente anunciado previamente y ejecutado mediante procedimientos muy similares a los empleados por el Imperio británico durante el siglo XIX y la primera parte del XX.

Los Gobiernos de Su Graciosa Majestad británica no siempre necesitaban anexionarse formalmente los territorios que pretendían dominar. En muchos puntos geográficos les bastaba con enviar la flota, amenazar con una intervención, imponer tratados desiguales, controlar puertos y rutas comerciales, apropiarse de materias primas estratégicas y colocar al frente de los países sometidos a gobernantes dispuestos a proteger los intereses británicos.

Ese método fue históricamente conocido como la “diplomacia de las cañoneras”. La superioridad militar era la que se encargaba de «abrir el camino»; posteriormente, los tratados legalizaban lo impuesto por la fuerza y las empresas privadas convertían la subordinación política en beneficios económicos. El territorio dominado podía conservar su bandera, su monarca, sus ministros e incluso una apariencia de independencia. Pero las decisiones fundamentales sobre su comercio, sus recursos y sus relaciones exteriores eran adoptadas desde Londres. ¿Algo diferente a lo que hoy está sucediendo en  Venezuela?

La operación realizada por Estados Unidos en Venezuela reproduce, adaptada al siglo XXI, esa misma secuencia.

Primero se empleó la fuerza militar para cercar Venezuela, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a una prisión estadounidense. Después se estableció una relación de tutelaje sobre el Gobierno interino de la inefable «presidenta encargada» Delcy Rodríguez. A continuación, se reformó la legislación petrolera venezolana para ampliar la participación del capital privado extranjero. Finalmente, Washington ha obtenido el control mayoritario sobre la explotación de 65.000 millones de barriles durante un periodo que podría alcanzar los cien años.

La diferencia principal con el viejo imperialismo británico no reside en la naturaleza del procedimiento, sino en los instrumentos utilizados. A los buques de guerra y las tropas se añaden ahora las sanciones financieras, el control del sistema internacional de pagos, las licencias concedidas por el Departamento del Tesoro, el respaldo crediticio del Pentágono y la intervención de grandes empresas energéticas. La fuerza militar continúa presente, pero se combina con una capacidad económica capaz de bloquear un país y decidir posteriormente qué compañías pueden regresar a explotarlo.

Trump, además, nunca ha intentado ocultar la orientación expansionista de su política exterior. Es algo que habría que agradecerle desde la perspectiva de que contribuye a alertar conciencias.  Antes incluso de regresar a la Casa Blanca planteó públicamente que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de la Unión. No presentó la idea una sola vez ni como si se tratara de una ocurrencia pasajera. Insistió machaconamente en ella, llamó “gobernador” al entonces Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, y llegó a mencionar el empleo de........

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