Contra el retroceso de los derechos sociales en el País Valencià

Hay momentos en los que una reforma legislativa deja de ser una cuestión técnica y se convierte en una cuestión política y ética. La modificación de la Renta Valenciana d'Inclusió (RVI) y de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos a través de la Ley de Acompañamiento es uno de esos momentos.

Están en juego los principios sobre los que queremos organizar nuestro sistema de protección social. Las profesionales del Trabajo Social deberíamos decirlo con claridad: no en nuestro nombre.

La Ley de Acompañamiento introduce cambios que endurecen el acceso a la protección social y afectan especialmente a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Se vincula ideológicamente a la denominada “prioridad nacional”, siendo esta vinculación el aspecto social más peligroso.

El discurso de la «prioridad nacional» nos divide, hace una diferencia imaginaria entre las de “aquí” y las de “fuera”, aunque todas trabajemos y vivamos aquí, segrega, margina y genera odio y violencia. La protección social, por el contrario, sirve para cohesionar, impedir los guetos y las desigualdades, y responde a las necesidades reales de las personas.

Nuestro país está entre las regiones europeas más pobres. La pobreza en el País Valencià no es un fenómeno nuevo ni es atribuible a las conductas de las personas ni a quienes llegan de otros lugares.

Ya en 2018 el VIII Informe FOESSA hablaba de más de un millón de personas afectadas por procesos de exclusión social. En 2025, 1.139.000 son las personas en exclusión, un porcentaje que es 2,2 puntos superior al estatal.

Con un modelo económico de salarios bajos y empleo precario que durante........

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