Fachada exterior del Tribunal Supremo de Madrid en una imagen de archivo. EFE/Mariscal/jgb / MARISCAL / EFE

Según una encuesta realizada por dos medios de comunicación y el CIS, más de media España considera que existe lawfare en el país. Leer esto me ha causado cierto impacto al comprobar el altísimo nivel de la ciudadanía y el de quienes promueven este tipo de estadísticas, pues preguntar y concluir en el caso supone atribuir y reconocer un conocimiento exacto de una materia cuyos perfiles no están al alcance general y están sembrados de dudas y lagunas en el ámbito del conocimiento jurídico. Lo que es el lawfare, concepto difuso y de naturaleza política, no jurídica, siempre instrumental en manos de quienes lo utilizan como argumento de impunidad, es elemento imprescindible para contestar y posicionarse.

Detrás del término hay muchos elementos que se manipulan en cada caso, pero que son diferentes y normalmente no imputables a los tribunales. La judicialización de la política es autoría de los partidos que inundan la Justicia de querellas, buscando un beneficio inmediato electoral. La politización de la Justicia es el resultado de invadirla minando la independencia mediante el nombramiento de jueces según su ideología cuando la ley lo permite.

Todo ello, combinado podría engendrar este concepto, amalgama de conductas evitables, pero propiciadas por el Ejecutivo que luego llora si se ataca a su impunidad. Un concepto, el del lawfare, sin valor por no tener un perfil propio y gozar de un contenido político, no jurídico, flexible y peligroso. Y dependiente de otros poderes y de la política, no de los jueces. Estos no deducen querellas, ni designan a los jueces, ni dictan las leyes. Todo lo que constituye el llamado lawfare es ajeno al Poder judicial. Y........

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