NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

Como sociedad volvemos a una idea orientadora: el ejercicio de los derechos tiene límites e implica responsabilidades. El Gobierno nos recuerda que el cumplimiento de la Constitución y la ley es obligatorio y que la convivencia exige equilibrios. Ese es el valor colectivo de las regulaciones anunciadas esta semana sobre consulta previa y protesta social.

Desde el Convenio 169 de 1989 de la OIT, Colombia asumió el compromiso de garantizar la consulta previa como mecanismo esencial para proteger los derechos y participación de los pueblos y comunidades étnicas frente a decisiones susceptibles de afectarlos directamente, incluidos proyectos, obras, actividades y medidas administrativas. No obstante el desarrollo normativo y el principio de la buena fe que debe orientar estos procesos, la experiencia acumulada durante más de 35 años hace necesaria una revisión de su mecanismo de funcionamiento. El abuso del derecho, la discrecionalidad en la determinación de la procedencia de la consulta previa y la tercerización del........

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