Bogas carga contra los expedientes de la CNMC y defiende ampliar la nuclear en su última junta como CEO de Endesa

El riesgo a un nuevo apagón añade presión sobre el cierre nuclear a tres semanas de decidir el futuro de Almaraz

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta un fin de semana clave tras el fracaso de los dos decretos de vivienda. El revés llega cuando la legislatura entra en su recta final y permite hacer balance de una etapa que, en materia energética, ha estado marcada por una paradoja: España ha acelerado como nunca el despliegue de renovables, pero ese mismo crecimiento ha obligado a poner sobre la mesa las carencias de un sistema que necesita más almacenamiento, más red y más capacidad para gestionar una generación cada vez menos predecible.

El apagón del 28 de abril de 2025 se convirtió en el punto de inflexión, pero no fue el único. La legislatura deja también un giro inesperado en la política nuclear, un atasco creciente para conectar nueva demanda eléctrica y una batería de medidas para amortiguar las sucesivas crisis energéticas.

El punto de partida fue el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la gran hoja de ruta del Gobierno para la década. La actualización aprobada en 2024 elevó todavía más la apuesta por las renovables, el almacenamiento, el hidrógeno verde y la electrificación de la economía.

Aunque los factores climáticos y geográficos de España son una ventaja competitiva evidente, no sólo instalar y producir energía limpia es suficiente. La siguiente fase exige almacenar esa electricidad cuando sobra, transportarla hasta donde se necesita y conseguir que aparezca nueva demanda capaz de consumirla.

La hoja de ruta pasa por llegar a 22,5 GW de almacenamiento en 2030, una cifra muy superior a la capacidad actualmente instalada y que desde el sector todavía ven con incredulidad. Mientras, son cada vez más los megavatios (MW) renovables que se vierten fuera del sistema.

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