Mientras Venezuela aún sufre por los devastadores terremotos del 24 de junio —que han dejado miles de muertos, heridos y desaparecidos, con edificios mal construidos por la corrupción chavista derrumbándose como castillos de naipes— los remanentes del narcochavismo profundizan la tragedia. Diosdado Cabello, controlando el "aparato de seguridad" y represivo, restringió el acceso a La Guaira, la zona más afectada, obligando a voluntarios y rescatistas a registrarse en el Poliedro de Caracas. Esta burocracia letal, justificada con excusas sanitarias y de orden, ha entorpecido la ayuda externa y las labores de rescate en momentos críticos.

Denuncias graves vía investigaciones periodísticas apuntan a que Cabello y sus cómplices protegen “caletas” con cientos de millones de dólares en efectivo y cocaína escondidos en apartamentos de la zona, al estilo de las operaciones del narco colombiano Pablo Escobar y el Cártel de Medellín. Mientras tanto, Wilmer Antonio Cruz, “el Topo de La Guaira” —un héroe civil que rescató decenas de personas con vida y recuperó cadáveres bajo los escombros—, fue secuestrado, detenido y encarcelado en "El Helicoide" por fuerzas del "régimen" tras denunciar públicamente la falta de maquinaria y apoyo oficial. Esta es la cara más cruda de una antigua estructura delictiva y "gubernamental" que prioriza ocultar sus botines antes que salvar vidas.

Un doble terremoto físico golpeó a Venezuela y, si no se termina de desmontar el poder narcochavista remanente, el tercero será político, ejecutado por una población harta de la impunidad.

Esta tragedia ilustra la pregunta central que hemos venido haciendo en este espacio: ¿pueden los criminales con poder político autodesmantelarse o autorreformarse? La evidencia histórica y actual grita que no.

Permitir que figuras como la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello —remanentes directos del Cártel de Los Soles— controlen cualquier transición es un error estratégico monumental. No solo........

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