En San Juan de Lurigancho se viene ejecutando, de facto, una política de retiro de animales comunitarios en los alrededores de establecimientos de salud, sin que exista resolución, directiva o decreto publicado que la respalde. El director García Pérez ha acusado recibo de los requerimientos legales cursados, pero no ha emitido respuesta ni sustento técnico, manteniendo la instrucción de retirar a los gatos y prohibir su alimentación.Esta situación es jurídicamente insostenible por varias razones: NO EXISTE ACTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO-Las decisiones públicas que afectan derechos requieren formalidad, motivación y publicidad. Una “orden” sin documento oficial —y peor aún transmitida por vías informales— carece de validez jurídica y vulnera el principio de legalidad y el debido procedimiento. LA SALUD PÚBLICA NO ES UN CHEQUE EN BLANCO-El sector salud debe actuar bajo gestión de riesgos, razonabilidad y proporcionalidad. No se ha presentado ningún informe sanitario que acredite brotes, focos infecciosos o riesgo concreto asociado a los animales. Invocar “posibles patologías” sin evidencia no habilita........

© Expreso