Lo que no se entiende es que el gobierno chileno haya firmado el decreto de concesión y dos días después, anunciadas las sanciones estadounidenses, haya decidido anularlo para recomenzar el proceso. Como si 48 horas más tarde le correspondiera intervenir al hemisferio del pragmatismo.

A sólo una semana del término de este gobierno e inicio del próximo ya se puede analizar el grado de éxito de la estrategia de cierre de la administración del presidente Boric intentando instalar un legado y una posición de liderazgo futuro en el campo opositor con vistas a un eventual segundo mandato, anhelo razonablemente fundado en el hecho que Gabriel Boric finaliza su periodo a los cuarenta años recién cumplidos.

Es muy evidente que, si se analiza desde la perspectiva de sus promesas de campaña y de los deseos del núcleo impulsor de su candidatura en 2021, el gobierno fue un completo fracaso y, más aún, algunos de sus logros significaron avances en la dirección contraria de lo comprometido. Venía a refundar el país y terminó enarbolando como su principal éxito haberlo estabilizado/normalizado. Su objetivo era terminar con las AFP y se congratula hoy de una reforma que aumentó en 40% el patrimonio administrado por éstas. Se propuso refundar Carabineros y terminó aumentando su financiamiento sin modificar en lo más mínimo su estructura y funcionamiento. Anunció el primer gobierno feminista y sus vacilaciones en el affaire Monsalve disolvieron esa impronta, amenazó con la revisión de todos los tratados comerciales y terminó celebrando el TPP 11.

Venía a reemplazar a la izquierda concertacionistas y le entregó las principales palancas de conducción del gobierno. Proyectaba invencibilidad electoral y al final perdió todas las elecciones de estos cuatro años, incluido el segundo plebiscito de 2023, pues la derrota de la propuesta de los Republicanos significó la legitimación de la hasta entonces denostada constitución del ’80.

Por supuesto, la mutación del gobierno -porque no es el habitual ajuste que experimenta todo gobierno al enfrentarse a la realidad, sino una verdadera transformación- tiene su origen en que 62% rechazó su propuesta refundacional el 4 de septiembre de 2022. El problema es que nunca hizo la reflexión profunda que redefiniera sus objetivos y su relato para ajustarlo al Chile real que debía gobernar y a las transformaciones efectivas que estaba a su alcance llevar adelante. Eso bloqueó sistemáticamente la posibilidad de celebrar buena parte de sus éxitos, porque eran logros culposos, incluso rechazados por buena parte de los suyos.

Haber logrado un acuerdo de pensiones, donde antes fracasaron Bachelet y Piñera, no pudo celebrarse a cabalidad porque la reforma está más lejos de los objetivos originales incluso que los dos intentos previos rechazados por el diputado Boric y sus partidarios por considerarse insuficientes y legitimadores del sistema de capitalización. ¿Cómo celebrar sin ambages la disminución de los atentados en la Araucanía gracias a un permanente estado de excepción que los partidos oficialistas proponían eliminar de la constitución plebiscitada en 2022 reivindicando la autonomía del Wallmapu?

Tampoco les resulta confortable que, después de proponerse la creación de una empresa nacional del Litio, tengan que celebrar un razonable convenio entre SQM y Codelco que amplía volúmenes y plazos de producción del estratégico recurso. La fragilidad de las convicciones detrás de lo hecho quedó en flagrante evidencia cuando, luego del fallo preliminar en el caso de Gustavo Gatica, el FA y el PC intentaron funar a quienes en la centroizquierda apoyaron la Ley Naín-Retamal e incluso el presidente Boric negó su paternidad en la aprobación de esa ley, luego de haberla puesto en el listado de mil buenas obras realizadas durante su mandato.

Por eso no funcionó a cabalidad la estrategia de listar obras y progresos para el país. Porque no conectaba con un relato convincente y creíble que tuviera un correlato razonable con las fuerzas políticas oficialistas y sus diferentes discursos.

Al discurso de la normalización del país le fue algo mejor, reforzado quizás por la inverosimilitud del discurso opositor de que el país se caía a pedazos. Pero está tan lejos de la promesa inicial que tiene un aire de tristeza y resignación, a leguas de la épica que los condujo al triunfo en 2021.

Al final el verdadero legado se fue desplazando a la dimensión política. Para el presidente Boric la unidad del oficialismo incorporando a la DC pasó a ser una tarea de primerísimo orden, al punto de involucrarse directamente en la conformación de una sola lista electoral en noviembre pasado e incluso de castigar obligando a renunciar a un ministro bien evaluado del partido que osó desafiar ese propósito. Y más recientemente, regañar a los presidentes de partidos de centroizquierda que convocaron a un encuentro político sin el Frente Amplio y el PC.

Todo eso alejándose del camino tradicional de los presidentes cuando terminan su mandato, que se ponen por encima de la disputa política buscando representar al conjunto del país, para ser más recordados como estadistas que como jefes políticos de sus coaliciones. Quizás ésa es la razón por la que a Gabriel Boric le ha ocurrido sólo en muy pequeña medida lo que suele pasarle a los presidentes en la recta final de sus mandatos, que aumentan su respaldo y disminuyen significativamente su rechazo.

El problema es que el desafío es más grande que mantener la unidad pensando en el rol opositor en el periodo gubernamental que viene, porque realmente no hubo lo que pudiera llamarse propiamente una coalición de gobierno, es decir, un conjunto de fuerzas políticas que establecen objetivos comunes, definen procedimientos para resolver sus diferencias e interactúan cotidianamente más allá de su presencia en el gobierno.

Las grietas se transformaron en fisuras en la crisis abierta por el fallo judicial en el caso Gatica, las posteriores definiciones diversas sobre cómo ejercerán los distintos partidos el rol opositor, eventuales acuerdos administrativos para gobernar la Cámara de Diputados, para no hablar de las distintas apreciaciones sobre los dictadores Nicolás Maduro y el Ayatola Jamenei, entre muchas otras consideraciones programáticas, pragmáticas y filosóficas en relación a la valoración de la democracia liberal.

Lo que parecía prácticamente inobjetable hace seis meses, dejó de serlo. Gabriel Boric, cuando abandone la presidencia jugará seguramente un rol de liderazgo relevante, pero es muy improbable que tenga el carácter indiscutido que tuvieron Bachelet y Piñera en sus respectivos sectores luego de terminar sus primeros mandatos presidenciales. Habrá seguro una intensa competencia de proyectos y de liderazgos opositores para apostar en 2029 a repetir la alternancia que ha sido la constante en las últimas cinco elecciones presidenciales en Chile.

El presidente Boric encontró un sucedáneo de unidad opositora en la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas. Particularmente si el próximo presidente cae en la trampa retirándole el apoyo de Chile y dejándola en manos de Brasil y México, porque expresidenta es hasta hoy el único vínculo de unidad indiscutida del conjunto del progresismo y la decisión del presidente Kast de quitarle el apoyo generaría un fuerte estímulo a la unidad opositora temprana.

El comportamiento del gobierno en relación con la propuesta de cable submarino de una empresa china -por supuesto muy respaldada por su gobierno- muestra la desconsideración hacia la candidatura de Bachelet y revela que la prioridad es su efecto interno más que su viabilidad. Porque a nadie se le escapará que si había riesgo de veto por parte de Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad, éste se acrecentó considerablemente con la firma del decreto de concesión del Cable Submarino China-Chile en tiempo récor a pesar de las objeciones explícitas de Cancillería y, por supuesto, de la embajada de Estados Unidos en Chile.

Más allá de los mil avances, de la mutación política y de la discusión del legado, lo ocurrido con el cable submarino a China es expresión de una inexcusable inmadurez después de cuatro años de ejercicio gubernamental. Como si el hemisferio de la convicción y el del pragmatismo no interactuaran a la hora de tomar una decisión. Resulta completamente inverosímil que una decisión de esa envergadura haya sido tomada por el ministro de Transportes sin el visto bueno del presidente de la República. Nadie puede reclamar ignorancia del hecho público de que una iniciativa semejante impulsada por el presidente Piñera fue cancelada por presiones de Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump.

Lo que no se entiende, entonces, es que el gobierno chileno haya firmado el decreto de concesión y dos días después, anunciadas las sanciones estadounidenses, haya decidido anularlo para recomenzar el proceso. Como si 48 horas más tarde le correspondiera intervenir al hemisferio del pragmatismo, el que sopesa las consecuencias y hace un balance de lo que le conviene al país. Ni pan ni pedazo. Irritó a Estados Unidos al cursar un decreto de concesión a una empresa china en un área tan delicada como la transmisión de datos y decepcionaste a China porque no tuviste el valor de sostener la decisión. A menos que haya intervenido el tercer hemisferio, el del cálculo politiquero, que lleva a establecer la conveniencia de trasladar al gobierno que viene los costos de confirmar o definitivamente cancelar el proyecto.

Mal que mal, la opinión pública -nos dice Cadem- está empatada en la disyuntiva de tener que elegir entre Estados Unidos y China como socio estratégico, que 46% respalda la continuidad de la iniciativa y que los Estados Unidos de Trump han caído 18 puntos en la apreciación ciudadana en nuestro país, situándose a 10 puntos porcentuales por debajo de la China de Xi Jinping.

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