El motín de 2001 y los ataques de 2006 muestran cómo las debilidades de las autoridades brasileñas contribuyeron a potenciar el dominio carcelario por el crimen organizado, el ascenso de Marcola como líder máximo del PCC, y su encuentro con Hernández Norambuena, a pesar de haber estado ambos confinados en presidios de alta seguridad. Por eso, Brasil continúa siendo una advertencia sustancial: ha entendido −quizás mejor que Chile− que Hernández Norambuena es y seguirá siendo una amenaza transnacional, latente o manifiesta.

El origen de las organizaciones criminales Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC) se remonta a la alianza entre presos políticos y delincuentes comunes, bajo la dictadura militar en Brasil. Tales vínculos propiciaron la maduración de una ideología, aparentemente enfocada en los derechos de los presos.

En 1999, Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, se unió a los líderes del PCC.

En febrero de 2001, tuvo lugar el mayor motín carcelario en la historia de Brasil y en el mundo, encabezado por el PCC. Según Leonardo Coutinho, su éxito convenció a sus jefes de “su capacidad para confrontar, amenazar y chantajear al Estado”.

El autor señala al “terrorista chileno” Hernández Norambuena como “otro hito crucial en la evolución del PCC”, pues llegó a ser el mentor de Marcola. En Brasil, aquél era considerado un “militante de la izquierda armada, altamente competente en acciones de insurgencia”.

Así, Marcola aprendió “los conceptos de guerra asimétrica y guerrilla urbana, y profundizó en el programa político del PCC como forma de garantizar la perpetuación de la organización criminal que, en ese momento, se encontraba en plena expansión en Brasil”. 

Coutinho se basa en Lazos de sangre: la historia secreta del PCC (2017), del fiscal de São Paulo Márcio Sérgio Christino y el periodista Claudio Tognolli. Dedicaron el capítulo 14, “El maestro terrorista”, a Hernández Norambuena.

Éste permaneció en la Penitenciaría de Taubaté, entre febrero de 2002 y el 22 de marzo de 2003. Después, fue trasladado a la Penitenciaría de Presidente Bernardes.

En 2002, Marcola se convirtió en el líder del PCC, luego de mandar a asesinar a la mayoría de sus fundadores. Permaneció en Taubaté entre el 23 de agosto de 1999 y el 17 de abril de 2002. Más tarde, el 4 de abril de 2003, fue transferido a Presidente Bernardes.

Allí, Hernández Norambuena y Marcola permanecieron en contacto durante casi un año, según Christino y Tognolli:

“Dos veces, el Estado consiguió juntar al más peligroso de los líderes de la facción de Brasil con el único terrorista internacional con experiencia en organizar y liderar una organización clandestina. Si eso fue una desorganización, desidia o fruto de la corrupción, es imposible saberlo. Pero ese hecho no lo desmiente”.

Los autores le imputan una influencia decisiva sobre Marcola, destacando que “la reorganización del PCC fue brutal”, tras su ascenso. Así surgió la Sintonía Final, semejante al Comité Central de las organizaciones de izquierda, en que toda iniciativa individual es neutralizada.

El 13 de mayo de 2006, el PCC ordenó ejecutar ataques simultáneos en São Paulo, extendiéndose a otros estados. Fue la mayor ola de atentados contra fuerzas de seguridad en Brasil, motivada por una orden de aislar a Marcola. Duraron una semana, dejando 564 muertos.

Pero el gobierno cedió, realizando negociaciones secretas con el PCC. Y, a continuación, la tasa de homicidios comenzó a disminuir.

En La ideología al servicio del crimen: el Primer Comando de la Capital según la teoría de la insurgencia (2019), Alexandro de Araujo Baptista indaga si el PCC puede ser considerado un movimiento insurgente, según el modelo del militar francés David Galula, expuesto en su Guerra de contrainsurgencia: teoría y práctica (1964).

Revolución, conspiración e insurgencia son tres formas de tomarse el poder por la fuerza. Galula se detiene en la tercera:

“La insurgencia es una lucha prolongada, conducida metódicamente (…), a fin de alcanzar objetivos intermedios específicos que llevan (…) al derrocamiento del orden existente. (…) su inicio es tan vago, que determinar exactamente cuándo comienza una insurgencia es un difícil problema jurídico, político e histórico”.

Galula identifica cuatro requisitos para que se dé una insurgencia:

Presencia de una ideología o causa: política, social, económica, racial o artificial.

Debilidad política y administrativa del gobierno vigente.

Condicionantes geográficas, relativas a la localización, tamaño y configuración del país.

Apoyo externo: moral, político, técnico, financiero o militar.

Conforme a su ideología, el PCC declara que sus crímenes son ejecutados en nombre de los “oprimidos del sistema”. Su fórmula: “El crimen fortalece al crimen” constituye su fondo, pues describe los nexos de dependencia que sustentan su estructura.

Por lo tanto, no se trata sólo de una ideología al servicio del crimen, en términos de De Araujo, usada como herramienta de reclutamiento y unión del PCC. En su consolidación, el crimen acaba devorando a la ideología, absorbiéndola, dado su carácter instrumental.

De Araujo concluye que no corresponde considerar al PCC como un movimiento insurgente, en sentido estricto. Pues su ideología no había demostrado aún una “intención de asumir el poder gubernamental del Estado brasileño”. Con todo, admite que reúne la mayoría de los requisitos señalados por Galula.

De otra parte, su definición de insurgencia corresponde a la asonada de octubre de 2019 en Chile, en un marco temporal más amplio, el cual está lejos de haberse cerrado. De ahí, el “No lo vimos venir” que, a la luz de lo anterior, parece haber sido parte de una estrategia.

En una columna de 2017, Christino afirma que el PCC “creció en proporción inversa a la negación de su existencia por parte del Estado”. El motín de 2001 y los ataques de 2006 muestran cómo las debilidades de las autoridades brasileñas contribuyeron a potenciar el dominio carcelario por el crimen organizado, el ascenso de Marcola como líder máximo del PCC, y su encuentro con Hernández Norambuena, a pesar de haber estado ambos confinados en presidios de alta seguridad.

Por eso, Brasil continúa siendo una advertencia sustancial: ha entendido −quizás mejor que Chile− que Hernández Norambuena es y seguirá siendo una amenaza transnacional, latente o manifiesta.

El 19 de agosto de 2019, fue extraditado a Chile.

Permanece en el Complejo Penitenciario de Rancagua.

No debe ser indultado.

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