La arquitectura constitucional de 1978 se sustenta, en lo relativo a la convivencia lingüística, en una mentira fundacional. El Estado no aplica una cooficialidad integradora, sino un supremacismo jurídico asimilacionista que blinda el privilegio de una sola lengua y condena el gallego, el catalán y el euskera a la subordinación perpetua y a la vulnerabilidad judicial.

La clave se encuentra en la redacción asimétrica del artículo 3.1 de la Constitución. Al establecer el deber de conocer el castellano, el texto impone una dominación. El castellano es la única lengua de obligado conocimiento; las demás son meros accidentes admitidos por condescendencia. Esta asimetría permite que la justicia, la administración central y los cuerpos de seguridad del Estado actúen como agentes de asimilación cultural dentro de territorios soberanos.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) demuestra de forma reiterada que la identidad lingüística forma parte indisoluble de los derechos fundamentales, vinculada a la integridad personal y al derecho a un proceso justo. Impedir que un ciudadano se exprese en su lengua ante los poderes públicos rompe la igualdad de armas y degrada su dignidad. Sin embargo, el Estado español ignora estos estándares al sostener un aparato administrativo ajeno a la realidad........

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