En un municipio del área metropolitana de Barcelona, unos parientes míos que acababan de perder a sus padres recibieron la oferta de un constructor sobre la casa vacía, que hacía esquina, para edificar un bloque de viviendas. Se pusieron de acuerdo, pero, en el último momento, el constructor rebajó drásticamente la oferta porque el ayuntamiento lo obligaba a dedicar el 30 % a vivienda social, financiado por él. El resultado fue que, como la operación no salía a cuenta a ninguna de las dos partes, el acuerdo se rompió y no hubo oferta de vivienda, ni cara ni barata, en un municipio donde mucha gente, rica o pobre, buscaba un lugar para vivir y no lo encontraba.

Noticia de ayer: la falta de oferta y los precios elevados mantienen a la baja la compra de viviendas por sexto mes consecutivo.

El artículo 47 de la Constitución española establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y añade que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Así que la obligación de los poderes públicos es facilitar la construcción de viviendas y fomentar el alquiler, obviamente a precios asequibles, es decir, todo lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. Hay una evidencia aritmética irrefutable. Si faltan viviendas, habrá que construir más. Es de sentido común.

Sin embargo, no ha sido el sentido común el que ha inspirado las políticas públicas de las últimas décadas en materia de vivienda en general en España y muy especialmente en Catalunya. Apenas se han hecho........

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