Durante años, el caso Ayotzinapa ha planteado algunas de las preguntas más dolorosas para el Estado mexicano: ¿qué ocurrió con los 43 estudiantes? ¿Quiénes fueron responsables? ¿Por qué, después de más de una década, seguimos sin respuestas completas? Esta semana, sin embargo, la Suprema Corte atrajo un asunto que no busca responder ninguna de esas preguntas. La discusión es distinta, pero sus consecuencias podrían ser igual de profundas al abrir la discusión sobre si puede revisarse una sentencia firme que, hace ocho años, ordenó la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia.

Es fácil perder de vista la dimensión del debate. La resolución que hoy vuelve a la Corte no fue una decisión provisional, fue una sentencia dictada en un juicio que quedó firme y que buscó responder a un fracaso institucional extraordinario: la incapacidad del Estado para investigar de manera independiente, imparcial y efectiva una de las violaciones más graves a los derechos humanos en la historia reciente del país.........

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