La reforma judicial de 2024 abrió un capítulo inédito en la vida institucional del país: por primera vez, la ciudadanía participa de manera directa en la elección de personas juzgadoras. No se trata sólo de una novedad procedimental, sino de una transformación que obliga a repensar el alcance de los derechos político-electorales involucrados en este nuevo ejercicio democrático.

En el modelo tradicional, el derecho electoral se ha entendido a partir de dos dimensiones esenciales: el derecho a votar y el derecho a ser votado. Sin embargo, en la elección judicial esa relación adquiere una configuración distinta. No estamos ante cargos de representación política en sentido clásico. La elección judicial no produce un mandato representativo ni una relación territorial equiparable a la de otros cargos de elección popular. Lo que produce es una forma de legitimación democrática para el ejercicio de una función técnica, imparcial y constitucionalmente........

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