Ahora sí, caiga quien caiga, y sin importar colores partidistas, el gobierno de la Cuarta Transformación irá por todos aquellos gobernadores que hayan sido señalados por presuntos nexos con el narco y el crimen organizado. La lucha es grande y llevará tiempo, pero ya empezó. Y como toda misión de largo aliento hay que iniciarla por el principio, este gobierno federal, la autónoma Fiscalía General de la República y el independiente Poder Judicial tuvieron que ir al lejano año de 1989 para iniciar la lucha. Sin intención política alguna, se decidió ir por el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, quien es acusado de operar una red de huachicol fiscal de proporciones gigantescas. Con alguien se tenía que empezar, y a Ruffo le tocó ser el primero en encabezar la lista de los políticos presumiblemente participantes en la delincuencia organizada.

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