“El Caribe no se opone a cuidar el agua de los embalses ni a la responsabilidad colectiva frente al riesgo energético del país. Lo que exige es que esa responsabilidad se distribuya con criterios técnicos que reconozcan su realidad climática y su historia tarifaria reciente, y no con una fórmula uniforme que, una vez más, termina costándole más caro a quien menos margen tiene para pagarlo.”

El 1 de septiembre de 2026 entró en vigencia, mediante la Resolución CREG 101 126, que ajustó la fecha de aplicación de la Resolución CREG 101 120, un programa transitorio de ahorro de energía que asigna a cada usuario del país una meta individual de consumo eléctrico, calculada sobre su historial de los últimos doce meses. Quien la supere en más de un 10% pagará un recargo sobre el excedente: 30% adicional sobre la tarifa de referencia para los estratos 1, 2 y 3. La justificación es razonable, al menos en el papel: Colombia genera cerca del 70% de su electricidad a partir de centrales hidroeléctricas, y el fenómeno de El Niño 2026-2027, descrito por el propio Ministerio de Minas y Energía como el más fuerte en tres décadas, pone a prueba la confiabilidad del sistema. Nadie discute la necesidad de cuidar el agua de los embalses. Lo que sí merece discutirse, es si esta fórmula específica es razonable para la Región Caribe.

No lo es, y son al menos cuatro las razones que los datos disponibles permiten sustentar.

Autonomía fiscal para las regiones, una deuda histórica

1. En 2023, según cifras de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, la Región Caribe fue, junto con Guaviare, la de mayor crecimiento de demanda eléctrica del país, con un incremento cercano al 7,85%, frente al 4,5% de crecimiento nacional. Esa diferencia no responde a un cambio de hábitos de consumo, sino a una variable que ninguna........

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