En el entorno empresarial actual, la sostenibilidad ha dejado de ser únicamente una métrica reputacional para convertirse en un criterio clave de competitividad y seguridad jurídica. En este contexto, la reciente expedición del Decreto 0271 de 2026 marca un punto de inflexión: más que una obligación normativa, es la hoja de ruta para profesionalizar el eslabón más crítico de la cadena de valor: el reciclador de oficio. Lejos de ser un subsidio, la protección social es la base que permite garantizar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las metas de la responsabilidad extendida del productor (REP) consagradas en la Resolución 1407 de 2018 y sus modificaciones.

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Para que una organización de recicladores de oficio se consolide como proveedor de preferencia para la industria, es indispensable que opere bajo estándares de excelencia que respalden la sostenibilidad de su actividad. Este proceso exige, además, un acompañamiento activo por parte de las empresas. En este marco, la creación de la Red de Protección Social para la Vida establece unos mínimos de calidad que inciden directamente en los costos asociados al abastecimiento de materiales y al cumplimiento normativo, con efectos concretos sobre los estados financieros y la gestión de los riesgos corporativos. Así, para las compañías, este no es un asunto marginal, sino una decisión estratégica que determina la calidad y la trazabilidad de su cadena de suministro.

Un reciclador vinculado al sistema general de riesgos laborales, con un aporte base de $ 42.652 correspondiente al nivel de riesgo III —clasificado como riesgo medio dentro de las categorías establecidas para actividades laborales—, desarrolla su labor en condiciones más seguras. Esto no solo reduce la siniestralidad, sino que también mejora la calidad de la separación en las estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA). Esta inversión se traduce en materias primas secundarias con mayor valor social, lo que facilita a la industria transformadora el acceso a insumos de calidad industrial, alineados con sus políticas de cumplimiento.

La eficiencia del modelo radica en que estos costos —incluyendo el aporte a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), un mecanismo de ahorro para la vejez dirigido a trabajadores con ingresos variables, con un valor de referencia del 5 por ciento ($ 87.545), así como el subsidio al aporte en pensión— se financian a través de la remuneración tarifaria y la gestión comercial de las organizaciones de recicladores. En línea con este enfoque, el decreto es enfático en prohibir descuentos sobre el ingreso neto del reciclador, lo que obliga a las organizaciones a consolidarse como unidades de negocio productivas, capaces de generar excedentes a partir de la eficiencia operativa y comercial.

Apostar por formalidad y calidad técnica en Colombia protege la reputación y la continuidad operativa de las empresas frente a los desafíos de la circularidad inclusiva.

En este contexto, la transparencia en la distribución de los recursos se convierte en el eje que permite garantizar una remuneración justa para el reciclador, sin comprometer la competitividad del sector empresarial ni la sostenibilidad de la cadena de valor.

Así las cosas, el desarrollo social sostenible en Colombia dependerá cada vez menos de enfoques asistencialistas y más de la capacidad de las organizaciones de recicladores para consolidarse como socios estratégicos del sector privado en un mercado exigente y sofisticado. Actualmente, el país enfrenta una competencia asimétrica frente a resinas internacionales que no incorporan el valor de la construcción de capacidades locales ni la trazabilidad que exige el contexto nacional. La respuesta a este escenario no está en el proteccionismo, sino en fortalecer una ventaja competitiva basada en el valor compartido: apostar por formalidad y calidad técnica en Colombia no solo eleva los estándares del material, sino que también protege la reputación y la continuidad operativa de las empresas frente a los desafíos de la circularidad inclusiva.

El Decreto 0271 de 2026 constituye un llamado a la productividad con propósito, que debe estar respaldado por una trazabilidad digital robusta capaz de monitorear, en tiempo real, el flujo de materiales y el cumplimiento de las obligaciones prestacionales. En la medida en que la protección social se consolide como base de una mayor eficiencia operativa, el reciclaje dejará de ser un atributo adicional para convertirse en un factor estructural de la competitividad industrial.

Hoy, esta transformación involucra a más de 74.000 recicladores en el país, según cifras reportadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y analizadas por Cempre.

Las metas de aprovechamiento que enfrentan las empresas exigen contar con proveedores sólidos, protegidos y profesionalizados. Ese es el camino para que Colombia se consolide como un referente en economía circular, con impacto social y competitividad territorial.

* Directora de Cempre Colombia, miembro del Consejo Asesor de la ONU para Residuos Cero.

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