La confianza es la base de cualquier relación. Es lo que une a las familias y lo que sostiene a las organizaciones. Cuando falta, todo se vuelve frágil.

Por eso es tan importante ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque la confianza no se impone; se construye. Se construye con solidez, con respeto por las reglas y con responsabilidad en nuestras decisiones.

Y esa misma lógica aplica para un país.

Hablamos mucho de seguridad. De crecimiento económico. De productividad. De reformas y de cifras. Pero olvidamos que, en el fondo de todo eso, está la confianza: el punto de partida de cualquier desarrollo sostenible.

Un país crece cuando siente que su esfuerzo vale la pena. Cuando quien trabaja sabe que podrá progresar. Cuando quien invierte confía en que no le cambiarán las condiciones a mitad de camino. Cuando una familia puede salir a la calle sin miedo. Cuando un emprendedor produce sin temor a la extorsión. Cuando un joven cree que su futuro está en su país y no en otro lugar.

La confianza es el verdadero motor del desarrollo.

Los datos recientes lo confirman. La cifra de crecimiento que publicó el Dane para 2025 fue de 2,6 %, por debajo de lo que muchos analistas proyectaban y lejos del ritmo que el país necesita para avanzar en equidad social y generar empleo formal de calidad. Si revisamos el desempeño desde que se inició el actual gobierno, el promedio anual del PIB no supera el 1,7 %, uno de los registros más bajos de las últimas décadas.

La confianza no se decreta: se construye con liderazgo, coherencia y responsabilidad. Y esa reconstrucción comienza en las urnas.

Pero más preocupante que cuánto crecimos es cómo crecimos. Este crecimiento se ha sostenido principalmente en un aumento acelerado del gasto público y en el consumo de los hogares, no en una expansión sólida de la inversión. Mientras el Estado gasta más, la inversión productiva pierde dinamismo.

Hoy, la formación bruta de capital –la inversión que amplía la capacidad productiva, genera empleo formal y mejora la competitividad– representa apenas el 16 % del PIB, muy lejos del 25 % que el país necesita para crecer de manera sostenida y cerrar brechas sociales. Ninguna economía supera la pobreza con más burocracia ni con consumo financiado con deuda. La supera generando riqueza, y eso ocurre con mayor productividad, infraestructura moderna, una industria fuerte, integración a mercados internacionales y normativa estable que genere confianza para invertir.

Y si a esto se suma que la inversión extranjera directa ha caído cerca de 30 % en los últimos dos años, el mensaje es claro: estamos ante una crisis de confianza.

Porque el desafío que enfrentamos no es únicamente fiscal, económico o de inseguridad.

Es una crisis de credibilidad institucional y de estabilidad en las decisiones públicas. Cuando la confianza se deteriora, se frena la inversión. Se encarece el crédito. Se debilita el empleo. Y, lo más grave, se apaga la esperanza.

La democracia nos da una herramienta poderosa: el voto. Pero su verdadero valor no está solo en ejercerlo, sino en hacerlo con conciencia.

La decisión que tomemos en las próximas elecciones –tanto para el Congreso como para la Presidencia– definirá si Colombia logra restablecer la confianza o si profundiza la incertidumbre. Definirá si volvemos a tener reglas claras, respeto por la institucionalidad y condiciones estables para invertir, trabajar y progresar.

No es una elección más. Es una decisión sobre el rumbo del país.

Sobre si apostamos por la estabilidad o por la improvisación.

Sobre si fortalecemos la credibilidad o la debilitamos aún más.

La confianza no se decreta: se construye con liderazgo, coherencia y responsabilidad.

Y esa reconstrucción comienza en las urnas.

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