En pocos días, el próximo primero de abril, se vence el plazo para que las personas jurídicas en el país paguen la primera cuota del nuevo impuesto al patrimonio del gobierno Petro. La medida, instaurada en el Decreto 0173 bajo la emergencia económica declarada por la ola invernal, cobija a empresas con un patrimonio líquido mayor a 10.400 millones de pesos.

La Casa de Nariño aspira a recaudar alrededor de 8,3 billones de pesos de los bolsillos del sector privado, con una tarifa más alta para sectores como el financiero, el minero y el petrolero, e incluyendo universidades. De hecho, un estudio de Anif estima en más de 13 billones de pesos el recaudo potencial de este gravamen, lo que elevaría en unos seis puntos porcentuales la tasa efectiva de tributación.

Tras el rechazo de nuevos impuestos por el Congreso de la República y en medio de una severa crisis fiscal, la administración Petro se resiste a adoptar medidas de austeridad y recortar el gasto burocrático. Mientras miles de empresas se aprestan a desembolsar estos billonarios recursos a las arcas de la Dian, no sobra recordar cómo el Gobierno Nacional ha usado la herramienta de los estados de emergencia como un atajo para saltarse la decisión del Congreso, el lugar democrático para definir los........

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