La deforestación es quizá el flagelo ambiental más grave que enfrenta el país. Además de destruir ecosistemas irremplazables, agrava el cambio climático, pues se pierden bosques que contribuyen a la captura de CO2, uno de los gases que calientan la atmósfera. El problema viene de hace décadas. Sin embargo, se esperaba que la administración del presidente Petro, que ha hecho de las causas ambientales una de sus banderas, tomara pasos decisivos para ponerle fin. Infortunadamente, no ha sido así.

En el Meta está uno de los casos más dramáticos. En el Parque Nacional Natural Tinigua, un reservorio de biodiversidad que cumple la función crítica de conectar la Amazonía con la región Andina, se estima que se han perdido más de 210.000 hectáreas de bosque: más del 40 % del área protegida. La tala, la ganadería y la construcción de vías son las tres causas de esta calamidad, tan extensa que algunos expertos consideran que ya es demasiado tarde para salvar el parque. Una auténtica tragedia ecológica, que pone en riesgo la supervivencia de un sinnúmero de plantas y animales.

La labor de las autoridades, en prácticamente todos los grandes casos de deforestación del país, se ve entorpecida por la presencia de grupos armados ilegales.

En el Caquetá están ubicados los núcleos de desarrollo forestal de Cuemaní, una zona de más de 300.000 hectáreas, donde las disidencias de alias Calarcá obligan a los campesinos a abandonar las labores de conservación promovidas por el Estado. Son forzados a talar el bosque, abrir vías y dedicarse a explotaciones agropecuarias, incluyendo la ganadería, por las que, además, deben pagar extorsiones. Esto ocurre al lado del Parque Nacional de Chiribiquete, patrimonio cultural y natural de la humanidad.

En este fenómeno se entrecruzan varias de las problemáticas del país —violencia armada, escasez de oportunidades y ausencia del Estado— y el calentamiento de la Tierra. Urge realizar esfuerzos eficaces para controlar este crimen ecológico a ojos vistas.

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