Opinión Madrid no está en venta: lo que el desahucio de Maricarmen nos dice sobre la ciudad que quiere The District

Esta semana han tenido lugar en Madrid dos encuentros muy diferentes. En Ifema, The District ha reunido a miles de directivos, inversores y empresas inmobiliarias para debatir sobre lo que sus propios organizadores describen como “oportunidades de inversión y cierre de operaciones”. Blackstone, Brookfield y otros grandes inversores internacionales han estado representados en un evento construido sobre la premisa de que las ciudades, los edificios y las viviendas son activos a través de los cuales el capital puede obtener rentabilidad.

Al otro lado de la ciudad comienza otro encuentro. Del 24 al 27 de septiembre, alrededor de 70 sindicatos de inquilinas, organizaciones por el derecho a la vivienda y movimientos sociales de 24 países se reúnen en El Barrio, una contracumbre internacional de movimientos por la vivienda organizada frente a esa lógica.

El contraste no podría ser más evidente. Ellos se reúnen para hablar de cómo invertir en nuestras ciudades. Nosotras nos reunimos para hablar de cómo vivir en ellas.

Y entre estas dos formas de entender Madrid se encuentra la historia de Maricarmen.

El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, fue desahuciada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante unos 70 años. Era el cuarto intento de desahuciarla y cientos de personas se concentraron frente a su edificio para intentar impedirlo. Finalmente, la policía la sacó de su casa en una camilla.

Esto no fue la consecuencia inevitable de una supuesta escasez natural de vivienda. Fue el resultado de decisiones políticas, relaciones de propiedad y un sistema de vivienda en el que el derecho de un inversor a obtener una mayor rentabilidad puede imponerse a la posibilidad de una persona de permanecer en la casa donde ha pasado toda su vida adulta.

Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros al mes. Después de que el fondo de inversión Urbagestion comprara el inmueble, le ofrecieron un nuevo alquiler de más de 2.000 euros mensuales, muy por encima de su pensión de 1.300 euros. Esto es posible porque la legislación española permite a los caseros subir el alquiler o expulsar a las inquilinas, aunque no hayan incumplido ninguna de sus obligaciones, una vez finaliza su contrato, normalmente después de entre cinco y siete años, dependiendo del tipo de contrato.

El caso de Maricarmen es extremo. Pero las fuerzas que lo explican no son excepcionales. En todo Madrid, las inquilinas se enfrentan a esas mismas fuerzas bajo formas diferentes

Incluso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había solicitado medidas cautelares para que España suspendiera el desahucio o garantizara una alternativa........

© El Salto