Análisis Cataluña: incendios reales e incendios políticos

@angelferrero.bsky.social

El gobierno de Salvador Illa superó el pasado 2 de julio una de sus asignaturas pendientes y más complicadas, la de la aprobación del Proyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat, con los votos a favor de los grupos parlamentarios de PSC-Units, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Comuns —los tres partidos que han pactado las cuentas— y en contra de Junts, Partit Popular de Catalunya, Vox en Cataluña, la Candidatura d’Unitat Popular-Defensem la Terra (CUP-DT) y las dos diputadas de Aliança Catalana (AC).

Se trataba de un objetivo importante para el Govern, tanto más cuanto que son los primeros que aprueba el Parlament en esta legislatura y, en realidad, desde 2023, ya que, desde entonces, habían venido prorrogándose. En cuanto a las cifras, suponen un aumento del 22,8 % (40.399 millones) respecto a los presupuestos de 2023, con un incremento de 13.840 millones en el Departamento de Salud, 8.356 millones en el de Educación y Formación Profesional y 4.248 en el de Derechos Sociales e Inclusión. No obstante, se trata de cifras nominales, que no tienen en cuenta el incremento del IPC ni el aumento de la población desde 2023. No obstante, el debate parlamentario fue prácticamente inexistente a este respecto. La diputada de la única formación de izquierda que se opuso al dictamen (CUP-DT), Laure Vega, evitó toda referencia a estas cuestiones. Tan solo el diputado de Junts, Antoni Castellà, la mencionó tangencialmente, pero sin aportar cifras y junto a la retórica neoliberal sobre la supuesta elevada presión fiscal existente en Cataluña.

Puede que Illa se haya quitado un peso de encima antes de irse de vacaciones, ya que la falta de presupuestos se había convertido en un estigma que el gobierno catalán quería sacudirse a todo trance. Con todo, antes de marcharse el presidente de ERC, Oriol Junqueras, exigió tanto al Gobierno de la Generalitat como al de España que cumpliesen los acuerdos suscritos por ERC con el PSOE y el PSC.

En cuanto al primero, Junqueras mencionó la condonación del 22 % de la deuda de la Generalitat con el Gobierno de España a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), cifrada en 17.104 millones de euros, medida pactada en el acuerdo anunciado el 24 de febrero de 2025, y la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica, que, según los cálculos de ERC, supondría 4.700 millones adicionales para la Generalitat. No obstante, cabe recordar que la condonación del 20 % de la deuda por las transferencias de crédito del FLA ya figuraba en el acuerdo de investidura suscrito entre ERC y el PSOE en noviembre de 2023, mientras que el acuerdo PSC-ERC para la investidura de Illa, de 7 de agosto de 2024, hablaba de una “financiación singular” para Cataluña por el cual “sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña” y que debía “formalizarse durante el primer semestre de 2025”.

La tentación del PSC de usar la actual correlación de fuerzas, y más aún el futuro, para presionar a ERC no escapa a nadie. Los republicanos, por su parte, consideran los posibles cumplimentos tardíos y a la baja de los acuerdos suscritos con el PSOE y el PSC como “pequeñas victorias” y dicen confiar en que lleguen hasta los oídos de los votantes, superando un sistema mediático que aseguran copado por Junts, y puedan ir recuperando el terreno electoral perdido en los últimos años.

Los Comuns, por su parte, han insistido en su oposición a la ampliación del aeropuerto de El Prat, municipio en el que gobiernan desde hace décadas con sus consecutivas marcas electorales. Por una parte, su discurso está fundamentado por las consecuencias medioambientales de este proyecto —palpables en medio de una ola de calor como la que Cataluña está sufriendo— y el hartazgo con la saturación turística. No obstante, su representación parlamentaria, limitada al área metropolitana de Barcelona y su historial de concesiones al PSC los hacen más susceptibles a las maniobras de presión de los “socialistas”. Significativamente, un cargo de ERC ha declarado a El Salto que, a juicio de los Comuns, “el orden natural de Cataluña es un gobierno del PSC con ellos vigilándolo, o al menos creyendo que lo vigilan”.

Más debería preocupar al Govern el comienzo del curso político en septiembre, marcado por las consecuencias de los devastadores incendios que se han producido en el territorio y que en el momento de escribir estas líneas continúan, el cansancio de la población respecto a la masificación turística de un número creciente de ciudades, que sigue batiendo récords y cuyos beneficios nunca se distribuyen socialmente. Pero el principal motivo de preocupación política para el gobierno de Illa son las protestas de docentes y médicos, a las que, en el caso de Barcelona, se suman las del personal de las bibliotecas municipales.

El 11 de febrero, el personal de los centros de enseñanza del Departamento de Educación, de las escuelas municipales y de los centros de las diputaciones realizaron una huelga para exigir la recuperación del poder adquisitivo perdido durante los últimos años, la reducción de las ratios de alumnos y de las tareas administrativas, la estabilización de las plantillas y el aumento de la democracia en los centros, con la negociación de los curricula.

El 9 de marzo, el Departamento concluyó un acuerdo con Comissions Obreres y UGT de Catalunya, minoritarios en el sector, pero con los que esperaba doblegar la protesta, y que fue rechazado por el resto de sindicatos, que organizaron una consulta al respecto, que arrojó unos resultados de 40.780 docentes en contra y 2.188 a........

© El Salto