Se ha anunciado la inminente presentación del proyecto de la nueva ley de hidrocarburos que reemplazaría a la Ley 3058, aprobada hace más de 20 años en un contexto político, social e ideológico totalmente distinto al actual.

En el 2005 Bolivia contaba con reservas probadas y probables -aunque infladas- para más de 50 años, un contrato de exportación al Brasil en plena expansión y otro, a la Argentina, aún incipiente; en suma, una riqueza energética y monetaria que alimentaba la esperanza de un futuro más próspero para el país.

Según todos los indicadores del sector, las dos décadas de gobiernos populistas han dejado al país en condiciones aún más desastrosas y vulnerables de cómo se les entregó.

Muchos analistas consideran que el principal obstáculo para modificar las políticas públicas es la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009. En principio, una constitución debería ser un contrato social válido para varias generaciones, y no atado a coyunturas políticas o ideológicas. Sin embargo, desde su concepción hasta su aplicación, la CPE demostró ser más un instrumento de división que de cohesión, una verdadera camisa de fuerza, incluso para quienes la impulsaron.

En particular, los artículos relacionados con los recursos naturales, los hidrocarburos y la energía han envejecido rápidamente, sin que sea posible aplicarles una justa eutanasia. De hecho, el capítulo de los hidrocarburos -propiedad, monopolio de explotación y comercialización de YPFB, regalías e impuestos- descansa en la premisa de una producción prácticamente indefinida. La realidad, sin embargo, es muy distinta: la producción ha retrocedido a niveles de comienzo de siglo; las reservas alcanzan para pocos años, al ritmo de explotación actual; la exploración, prácticamente inexistente en las últimas dos décadas, tardará varios años en ofrecer resultados, previsiblemente modestos; la industrialización ha resultado un fracaso que añade problemas. Mientras tanto, YPFB, una empresa aquejadas de múltiples deficiencias, se ha reducido principalmente a una importadora de carburantes.

Se suele presentar a la CPE como un “cuco” frente a cualquier intento de reforma del modelo económico. No obstante, y de manera paradójica, su propio sesgo nacionalista e integrista implica que, en ausencia de producción nacional, YPFB no tendría razón de mantener su monopolio. En efecto, el art. 359 establece que la propiedad de los hidrocarburos producidos en el país es del Estado; pero, obviamente, los los carburantes importados pertenecen, naturalmente, a quienes los adquieren, con pleno derecho -no concesión graciosa- a comercializarlos.

Esta constatación abre la puerta a la liberalización del mercado de carburantes y del redimensionamiento de YPFB como un actor más dentro de un mercado competitivo, aspecto implícitamente contenido en el Referéndum del Gas del año 2004, desvirtuado por la Ley 3058 y el decreto de “nacionalización” del 1 de mayo de 2006.

Cabe esperar que la nueva ley de hidrocarburos sepa recoger las lecciones del pasado y aprovechar los resquicios que aún permite la CPE, sin necesidad de una reforma previa.

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