La regularización extraordinaria de personas migrantes que el Gobierno ha presentado como uno de los grandes hitos sociales de la legislatura ha abierto a la vez una fractura delicada dentro de la propia mayoría. El motivo no está en el volumen de la medida ni en el choque con la derecha, previsto desde el primer momento, sino en la exclusión de los apátridas del procedimiento extraordinario. Esa decisión deja fuera, en la práctica, a buena parte del colectivo saharaui que reside en España y ha provocado un enfrentamiento abierto entre el PSOE y Sumar, con acusaciones directas al ala socialista del Ejecutivo por haber aceptado una solución “a medida” de Marruecos.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros y publicado ya en el BOE permite a personas migrantes en situación irregular que ya vivían en España acceder a una autorización temporal de residencia y trabajo. El Ejecutivo calcula que el proceso puede beneficiar a cientos de miles de personas. Pero esa vía no alcanza a quienes están tramitando el estatuto de apatridia, una categoría jurídica en la que encajan muchos saharauis. El argumento oficial lo resumió la ministra Elma Saiz: los apátridas no están en situación irregular y España dispone para ellos de un estatuto específico de protección.

Sobre el papel, la explicación tiene forma jurídica. En la práctica, ha encendido todas las alarmas en el espacio de Sumar y en el movimiento de apoyo al pueblo saharaui. La diputada Tesh........

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