España vivía pendiente del dato de inflación que este pasado jueves publicaba el Instituto Nacional de Estadística (INE). Su resultado condicionaría el escudo social que el Gobierno de Pedro Sánchez desplegó para amortiguar el impacto de la guerra ilegal en Irán sobre la economía patria. Algunas de las medidas tienen en junio su fecha de caducidad – ya sea el 1 o el 30 del sexto mes del año -, lo que abre un nuevo frente para el Ejecutivo. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzaba esta misma semana su predisposición a extender las iniciativas, aunque ello dependería del dato inflacionario de abril, que ha confirmado la relativa eficacia del decreto al moderar dos décimas el IPC (3,2% interanual  y 2,8% la subyacente). Ahora, Moncloa se enfrenta a un nuevo escenario de desescalada.

La bajada de la electricidad y del gas natural ha sido determinante para la contención del índice. No ocurre así con los carburantes, que siguen empujando al alza por la tensión derivada del conflicto en Oriente Próximo. Dicho escenario motiva al Ejecutivo para preparar una retirada parcial de algunas de los incentivos fiscales del escudo anticrisis para el 1 de junio. El plan pasa por una desescalada de parte del Plan de Respuesta vinculado especialmente a la luz y al gas, toda vez se ha constatado el abaratamiento de ambos suministros. Desde Economía, eso sí, precisan que otras ayudas se mantendrán vivas al considerarlas aún necesarias por el delicado estado del tablero geopolítico.

La consecuencia de la moderación del IPC se dejará notar en las rebajas fiscales en términos de electricidad y........

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