Isabel no es un número, aunque la gestión de la Junta de Andalucía parezca haberla reducido a una fría entrada en una base de datos de la que nadie se hace responsable. Esta ciudadana de Cádiz es hoy el rostro de una deshumanización administrativa que hiela la sangre: lleva 410 días esperando una operación en el Hospital Puerta del Mar.

Más de un año de vida suspendida, de dolores causados por una doble infección renal y de una incertidumbre que devora su salud mental mientras los días pasan sin una llamada del quirófano. Su caso, como ha publicado Diario de Cádiz, no solo es una tragedia personal, es la prueba de que el sistema de garantías del Servicio Andaluz de Salud, que promete plazos de seis meses por ley, se ha convertido en una ficción legal bajo el mandato de Juanma Moreno Bonilla.

La situación de Isabel es el síntoma más doloroso de lo que parece ser una demolición controlada de la sanidad pública, donde el dolor crónico de los ciudadanos se ha convertido en el daño colateral de una estrategia política orientada a favorecer el negocio privado.

La gestión del Partido Popular parece haber decidido que la salud de los andaluces deje de ser un derecho universal garantizado para convertirse en una variable de ajuste presupuestario, dejando que personas como Isabel paguen el precio de la incompetencia o, lo que es peor, de una hoja de ruta ideológica que busca el colapso de lo público para justificar su privatización.

La degradación del sistema alcanza cotas de ensañamiento en lugares como el Hospital de........

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