El miércoles 17 de junio pasará a la historia judicial española por ser el día en que, por primera vez, un expresidente del Gobierno prestará declaración como imputado en un procedimiento judicial. Una causa penal derivada del presunto cobro de mordidas tras el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Un procedimiento que, además, cuenta con una segunda parte, la pieza separada de las joyas del expresidente que fueron incautadas por la UDEF en el registro de su despacho.

Una declaración histórica, sí, pero que también está rodeada de preguntas aún sin respuesta. El expresidente está investigado por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el rescate, y por fraude fiscal y contrabando en la pieza de las joyas, pero el nudo gordiano de esa imputación se sustenta en el volcado de un teléfono móvil cuya legalidad está más que entredicho.

Preguntas sin respuesta

La primera de las preguntas que surge, y........

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