España arde y una parte de la política sigue instalada en la negación. Mientras las llamas devoran territorio, obligan a desalojar pueblos y ponen a prueba a los servicios de emergencia, PP y VOX persisten en bloquear un acuerdo de país y en presentar la emergencia climática como una «ideología».

La dimensión de la catástrofe ya no admite eufemismos. En Niebla (Huelva), el incendio declarado el 6 de agosto ha recorrido un perímetro de más de 31.000 hectáreas. Aunque el operativo ha logrado acorralarlo y reducir la actividad a un sector, 660 personas continuaban desalojadas de fincas y viviendas aisladas. En Las Peñas de Riglos (Huesca), el fuego seguía activo al cierre de esta edición: más de 12.000 hectáreas afectadas, unos 58 kilómetros de perímetro y 1.021 personas evacuadas de 18 núcleos, además de un camping y un campamento. Las llamas llegaron a rodear el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, sin alcanzar el edificio, mientras el patrimonio y la población se convertían en prioridades de una emergencia de escala extraordinaria.

No son episodios aislados, ni una suma caprichosa de desgracias estivales. Son la expresión cada vez más visible de un territorio más seco, de olas de calor más largas y de masas forestales que necesitan gestión durante los doce meses del año, no solo cuando ya hay humo en el horizonte. Y son, también, el resultado de una política que todavía discute la evidencia cuando debería organizar la prevención.

Mientras las llamas seguían activas, el Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados. El Consejo de Ministros aprobó el 29 de julio el Real Decreto-ley 20/2026, de medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales, publicado al día siguiente en el BOE y con efectos retroactivos desde el 22 de julio. La norma crea una Prestación........

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