El Govern de Illa amenaza con una multa millonaria al fondo del bloque de Sant Agustí de Barcelona

El president reivindica que se están aplicando "medidas nunca antes vistas" oponiéndose públicamente por primera vez al desahucio de un edificio que el propietario quiere destinar a alquiler por habitaciones

Illa se opone "frontalmente" al desahucio del bloque de Sant Agustí de Barcelona, aplazado al 15 de abril

El Govern impone 22 sanciones que suman 77.000 euros por vulnerar la ley de vivienda

El president de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles en Tarragona / Eloi Tost / ACN / ACN

Un "golpe encima de la mesa". Así definen fuentes del Govern que el president de la Generalitat, Salvador Illa, haya levantado la voz en contra del desahucio de los vecinos del bloque de la calle Sant Agustí, en el barrio de Gràcia de Barcelona. El desalojo ha sido finalmente frenado por la acción de los vecinos y el Sindicat de Llogateres, aunque ha sido reagendado para el próximo 15 de abril con la duda de qué pasará entonces. No obstante, la Generalitat ha verbalizado que está dispuesta a actuar con contundencia ante un caso en el que considera que se está vulnerando la ley de vivienda y que puede suponer para el fondo neerlandés New Amsterdam Developers (NAD) una multa de como mínimo de 90.000 euros por piso que se esté saltando la norma. En el edificio hay 23 viviendas, por lo que si se confirma que su plan para todos ellos pasa por echar a los actuales inquilinos para trocearlas y alquilarlas por habitaciones a precios por encima de los topes fijados, la sanción podría superar los dos millones de euros.

Es la primera vez que el president de la Generalitat se expresa públicamente en estos términos ante un caso en el que hay una orden judicial de desahucio que obliga a los Mossos a actuar. No solo ha explicitado que hará todo lo posible para frenarlo, sino que el Executiu no descarta recurrir a cualquier vía, también la legal, para lograrlo. Se trata de una reacción política de un calibre distinto a la que se tuvo con el caso de Casa Orsola o con otros desahucios menos mediáticos. Y es que el president tiene la vocación de hacer notar que en Catalunya se están aplicando "medidas nunca antes vistas" para poner en valor todas las regulaciones aprobadas durante su mandato acordadas, en buena parte, con los Comuns, ERC e incluso la CUP. "El president siempre pone la vivienda como una prioridad de sus políticas, el acceso a la vivienda es una misión de país", aseguran fuentes de Presidència.

Un caso paradigmático

La propia consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha reivindicado el martes que, pese a haberse visto abocados a retirar los presupuestos para ganar tiempo para aprobarlos, el Govern goza de "buena salud" y continúa avanzando en materias como la de vivienda, carpeta a la que quieren dar un espaldarazo mayor en la segunda mitad de la legislatura, además de buscar poner el foco en la acción de gobierno mientras transcurre en un segundo plano la negociación de las cuentas con ERC. Fuentes de su departamento atribuyen el cambio de rasante con el edificio de Sant Agustí a que se trata de una situación paradigmática "abusiva" cometida, en este caso, por un gran tenedor. Pero también a que ya está actuando a pleno rendimiento el cuerpo de inspectores encargados de imponer sanciones.

Prueba de ello, ha presumido la consellera en declaraciones a RAC1, son los 480 expedientes abiertos y las 22 multas que suman 77.000 euros dictadas desde el mes de enero, cuando empezaron a imponerse un año después de entrar en vigor el régimen sancionador. La normativa se completó el pasado diciembre con la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, que inicialmente habían quedado fuera. En el caso concreto del desalojo aplazado, el inquilino afectado asegura que paga 800 euros por su vivienda, mientras que en el mismo bloque se están alquilando habitaciones por unos 900 euros, con una media de tres por piso.

El desahucio del bloque de Sant Agustí de Barcelona, aplazado al 15 de abril / JORDI COTRINA

En estos momentos, los inspectores están analizando todo el edificio y ya se han detectado viviendas que se están alquilando por habitaciones, pero está por determinar en cuántas se está infringiendo la ley, algo que acabará determinando el montante total de la sanción. De hecho, los casos de incumplimiento de la norma considerados graves, como sería el caso del 'coliving', pueden suponer un castigo que va de los 90.000 a los 900.000 euros por piso.

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La reacción del Govern no ha pasado desapercibida ni para el Sindicat de Llogateres ni para los Comuns, que tratan de marcar el paso del Govern en materia de vivienda. Los primeros, por boca de su portavoz, Enric Aragonès, han cargado contra el Ayuntamiento de Barcelona por no pararle los pies a NAD en los últimos tres años y también contra el Govern de la Generalitat por "no hacer valer" la regulación de los alquileres temporales que entró en vigor el 1 de enero. El sindicato ha interpuesto más de 150 denuncias mientras que, aseguran, solo se han impuesto tres sanciones. Y el grupo de Jéssica Albiach, por su parte, ha reprochado al Executiu de Illa que la política de vivienda no puede hacerse "a base de titulares" porque no se esté actuando con suficiente diligencia, como demuestra que este bloque de Gràcia haya llegado hasta este punto límite o que la recaudación de las sanciones estén tan por debajo de lo que debería que "parecen una broma". Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reaccionado en X señalando que "en Catalunya nadie tendría que verse obligado a marchar de casa suya por culpa de la especulación inmobiliaria". "La vivienda es un derecho, no un negocio", ha espetado.

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