Los agujeros del sistema anticorrupción: ¿fallan los controles? ¿falta ética pública?

Tres expertos analizan cuatro puntos débiles del sistema anticorrupción español que los escándalos de los últimos años han puesto de manifiesto

El entonces secretario federal de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante la Fiesta Provincial de los socialistas leoneses en La Ercina, el 28 de julio de 2018, cinco semanas después de la moción de censura. / J.Casares / EFE

Los presuntos casos de corrupción que han sacudido la política española en los últimos años han vuelto a poner el foco en una pregunta: ¿fallan los controles o faltan directamente? Al margen de las responsabilidades que determinen los tribunales, las investigaciones han revelado vacíos normativos, zonas grises y mecanismos de supervisión insuficientes. ¿Hay que tapar esos agujeros? Este reportaje analiza, a partir de las opiniones de tres expertos, cuatro ámbitos especialmente expuestos. 

Asesores y altos cargos: limitar los nombramientos discrecionales

El recorrido de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos y después consejero de Renfe Mercancías, o el nombramiento de Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, como presidente de Correos, han reabierto el debate sobre los nombramientos discrecionales en la Administración y las empresas públicas.

Existe un amplio consenso entre los expertos consultados. María Garrote de Marcos, doctora en Derecho Constitucional y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, considera legítimo que un Gobierno nombre personas de confianza, pero cree que deberían fijarse límites más estrictos. “Es normal que haya cargos de confianza, pero eso no quita que esa persona elegida tenga un mínimo de experiencia”. De lo contrario, advierte, “solo le queda la lealtad a la persona que le nombra”. También propone poner un límite al número de asesores según el departamento y publicar de manera proactiva sus currículums y retribuciones.

Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y letrado del Parlament, coincide en la necesidad de “poner un límite al personal eventual” y plantea que los máximos responsables de organismos públicos superen audiencias públicas o ‘hearings’ en los que acrediten su idoneidad.

José María Peredo Pombo,........

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