Las empresas de VTC reclaman por carta a la Comisión Europea que actúe con urgencia para evitar la aprobación de la ley catalana del taxi

Los representantes de las empresas de alquiler de vehículos denuncian que la proposición que tramita el Parlament les imponga limitaciones a la actividad en favor del taxi

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MULTIMEDIA | Las 5 incógnitas de la ley del taxi que vetará las VTC que inquietan en Barcelona

Un cliente sube a un VTC en el segundo día del Moblie World Congress de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Las empresas de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) han reclamado por carta a la Comisión Europea que actúe con urgencia para evitar la aprobación de la ley catalana del taxi.

Unauto y Feneval, la patronal y la federación nacional de empresas de alquiler de vehículos, han enviado una misiva al comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en la que indican que la propuesta ha sido redactada bajo la influencia del sector del taxi y está diseñada para proteger sus intereses económicos. Bajo una "incoherencia jurídica y discriminación", indican que "supone un desprecio sistemático del derecho de la Unión Europea".

La carta lleva como título "Solicitud urgente de actuación: amenaza regulatoria al sector VTC en Cataluña y vulneración del Derecho de la UE". Firmada por el vicepresidente de Feneval, Ignacio Manzano; el presidente de Unauto, José Manuel Berzal, y el portavoz de esta patronal en Catalunya, Marc Jussen, solicita al comisario una reunión urgente para explorar soluciones que eviten su aprobación. En su mensaje, le trasladan su "máxima preocupación" por una propuesta legislativa presentada por cinco grupos parlamentarios (en referencia a PSC, ERC, Junts, Comuns y la CUP) elaborada sin consultar a los representantes de los VTC, y que "supone una amenaza existencial" para esta industria.

La misiva denuncia que se declare al taxi como Servicio de Interés Económico General, "contradiciendo la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de que los servicios de taxi no están encomendados a una misión de servicio público". Entre los agravios, se indica que la proposición de ley establece que los trayectos urbanos en Barcelona, que son los más comunes y rentables, solo los podrá realizar el taxi, "eliminando de facto la actividad principal de los VTC y relegándolos a un mercado secundario como los trayectos interurbanos".

Se considera de este modo que condena a los operadores actuales a una desaparición progresiva, generando inseguridad jurídica incompatible con los principios europeos de libertad de mercado y proporcionalidad. También lamenta que "fragmenta la actividad VTC en cuatro submercados separados (VTC interurbano, VTC urbano, VTC de alta demanda y limusinas), cada uno con autorizaciones distintas y sujeto a limitaciones geográficas y temporales, supuestamente por motivos de gestión del tráfico".

Asimismo, considera arbitrarios y desproporcionados aspectos que "vulneran la libertad de empresa", como los tiempos de espera sobre los que deben operar, las limitaciones de capacidad a cinco plazas, la obligación de estacionamiento en garajes privados entre servicios (incrementando trayectos en vacío, congestión y emisiones) y prohibiciones de transmisión de licencias y participaciones empresariales.

También denuncia al comisario de Transporte Sostenible que el texto que ya tramita el Parlament prohíbe que las plataformas se identifiquen en los vehículos, y les impone la cesión de datos y "cargas administrativas que restringen la innovación y digitalización sin justificación de interés público".

Riesgo de responsabilidad

Unauto y Feneval, que reclaman a la comisión que lleva a cabo "todas las acciones necesarias", recuerdan que ya remitieron en octubre de 2023 y marzo de 2025 alertaron a la CE de que se estaba preparando un nuevo marco regulatorio que ""contravenía abiertamente el derecho de la UE y la jurisprudencia del tribunal europeo". Las representantes del sector de los VTC advierten ahora del "riesgo de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción" de la normativa europea.

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La carta se ha remitido con copia a los gabinetes de las vicepresidencias ejecutivas de Competencia (Teresa Ribera), Estrategia Industrial (Stéphane Séjourné), Soberanía Tecnológica( Henna Virkkunen), Cohesión y Reformas (Raffaele Fitto) y al Comisario de Estado de Derecho y Protección de los Consumidores (Michael McGrath).

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