El pasado 16 de octubre, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, cumpliendo con el mandato del Estatuto Autonómico, promulgó la Ley que crea la “Defensoría Departamental de las cruceñas y cruceños”, una entidad desconcentrada del Ejecutivo, que actuará contra entidades públicas de cualquier nivel de gobierno y entidades privadas que presten servicios públicos cuando estas vulneren derechos individuales o colectivos dentro del Departamento.

La decisión marca un avance sustantivo en el proceso de reorganización del Estado, en la etapa de transición hacia un modelo democrático, liberal y autonómico. Su mayor mérito es recuperar los principios de que las transformaciones no pueden limitarse a la economía, la gestión fiscal o el reparto de competencias; que los derechos humanos deben volver al centro de la planificación pública; y que las instituciones, en cualquier nivel, están al servicio de las personas.

Los derechos se ejercen y se vulneran en el territorio, en los hospitales, los centros de acogida, las escuelas, los servicios básicos y las oficinas públicas que la población usa todos los días. Un modelo autonómico que acerca las decisiones a la gente, tiene la oportunidad y la obligación de acercar también los........

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