Bolivia enfrenta la peor crisis energética de su historia. El país que durante veinte años vivió del gas natural hoy hace filas de días en los surtidores, raciona diésel en el campo, declara emergencia energética y social, y retira la subvención a los carburantes. Las cifras retratan el derrumbe: cerca del 90% de la demanda energética nacional está ligada a los combustibles fósiles. Importamos el 88% del diésel y cerca del 56% de la gasolina que consumimos. Más del 80% de la industria utiliza combustibles fósiles para funcionar y el 70% de la electricidad depende de termoeléctricas que consumen gas natural.

Y el gas se está acabando: su producción cayó más del 56% en la última década; y el gobierno advirtió que con el nivel de reservas actuales no se podrá cubrir ni siquiera el mercado interno en los próximos años. No estamos ante un problema de precios o de modelo económico: se trata de un asunto de seguridad nacional, de supervivencia económica y de estabilidad social que debe enfrentarse con urgencia, responsabilidad y eficiencia.

Sería un error concluir que la solución está en descubrir nuevos campos gasíferos. La exploración de este combustible debe continuar, pero el verdadero salto estratégico consiste en acelerar la........

© El País