El impuesto de Industria y Comercio (ICA) grava las actividades industriales, comerciales y de servicios realizadas en cada municipio. Su tarifa la determina el concejo municipal dentro de los límites autorizados por la ley y constituye una de las principales fuentes de financiación local. Por eso, es un componente esencial de la autonomía fiscal de los entes territoriales y de su capacidad para financiar sus crecientes responsabilidades.

La definición de esas tarifas derivó en una controversia jurídica sobre si las ciudades capitales podían fijar las tarifas amplias y especiales que rigen para Bogotá o si, por el contrario, debían sujetarse a los límites generales aplicables a los demás municipios. Más que un asunto técnico, la cuestión determina la carga tributaria de los contribuyentes, pero también el margen de las capitales para definir sus propios impuestos.

La Constitución de 1991 definió a Colombia como un Estado unitario con autonomía de sus entidades territoriales y estableció un régimen especial para Bogotá como Distrito Capital. En desarrollo de ese régimen, el Decreto 1421 de 1993 facultó al Concejo Distrital para fijar tarifas de ICA entre el 2 y el 30 por mil.

Esta diferencia distanció a Bogotá D.C. de los demás municipios del país, incluidas grandes ciudades como Medellín, Barranquilla o Cali, cuyo límite........

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