El pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció su intención de llevar a cabo propuestas de reforma electoral que, a día de hoy, se encuentran encabezadas por su presidente, Gustavo Ávila. El 13 de octubre, la autoridad explicó, en declaraciones a ERBOL, la necesidad de regular el transfugio político para evitar que las discrepancias de opiniones se conviertan en motivos de persecución partidaria. Ávila argumentó que la ley contempla que un senador o diputado que haga pública una posición contraria al programa de su partido pueda ser considerado tránsfuga. Lo cual, según menciona, no es correcto, dado que podría vulnerar el derecho a la libre expresión. Esta situación, identificada por Ávila y el TSE, desvela la tensión entre la representación política, la disciplina partidaria, la democracia interna y la autonomía propia de un legislador frente a las decisiones de su partido.

Desarrollando de manera más precisa la declaración de la autoridad, Ávila se refiere posiblemente a los artículos 38 y 39 de la Ley N.º 1096 de Organizaciones Políticas. El artículo 38 establece que los representantes que ocupen cargos electivos dentro del Estado, con las excepciones previstas para la representación indígena, incurrirán en transfugio político al cometer determinadas acciones descritas en la norma. Más específicamente, el inciso c) contempla a quienes «asuman de forma pública una posición política contraria a la declaración de principios, la plataforma programática y/o al programa de gobierno de la organización política........

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