Doña Vero se levanta mucho antes que el sol. Carga su bolsón, instala su puesto en el Barrio Senac, y a las once ya no le quedan empanadas. Tiene más de setenta años, articulaciones que duelen cada día y deudas que no se pagan solas. Le preguntas por qué sigue trabajando y se ríe. Como si la pregunta fuera estúpida. Lo es.

En Bolivia, cinco de cada diez adultos mayores siguen trabajando después de los sesenta años, según el informe que UNFPA difundió en noviembre de 2024. No porque les guste madrugar. Porque la Renta Dignidad, esa pensión universal de la que nos felicitamos en cumbres internacionales, paga Bs 500 al mes. Quinientos bolivianos. Lo que cuesta un mes alquiler. Lo que no alcanza para la canasta básica, ni para los remedios, ni para la cuenta de la luz cuando llega abultada en julio por el frío. Apenas 187.000 bolivianos reciben una jubilación contributiva real. Es decir, el 80 por ciento restante quedó fuera del sistema formal después de toda una vida de trabajo invisible.

Y cada vez que se acerca una elección, escuchamos la misma promesa. Aumentaremos el bono. Lo duplicaremos. Subiremos la renta dignidad hasta 2000 Bs. Lo defenderemos con la vida. Termina la elección y el bono sigue ahí, intacto como una momia preincaica, mientras los precios suben y el dólar se esconde. La dignidad de los abuelos y las abuelas cabe, en este país, en un sobre delgado. Y a quienes le pusieron ese precio les sigue pareciendo motivo de orgullo.

Mientras tanto, en Tarija, hay........

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