El 18 de abril de 2026, la cuenta oficial de Palantir en X publicó un documento en 22 puntos que las grandes tecnológicas nunca antes se habían atrevido a publicar: un manifiesto político. No es un comunicado de prensa ni una declaración de responsabilidad social. Es una hoja de ruta para el mundo. En ese mismo momento, Peter Thiel, cofundador y principal accionista de Palantir, llevaba más de dos semanas en Argentina, alojado en una mansión del Barrio Parque de Buenos Aires, reuniéndose con el presidente Javier Milei mientras su empresa seguía edificando su perfil comercial sobre contratos con el Departamento de Defensa, el FBI, ICE y la comunidad de inteligencia.

Desde Tarija, desde Bolivia, estos dos eventos podrían parecer distantes, pero no lo son.

El manifiesto de Palantir —redactado con el lenguaje republicano de Alex Karp, el CEO doctorado en filosofía que cita a Habermas mientras construye la infraestructura de vigilancia más poderosa del planeta— propone una transformación total del Estado para que el software sea el sistema de armas, y que la élite tecnológica asuma la conducción que la democracia liberal, en su decadencia, ya no puede ofrecer. Karp llama a esto la “República Tecnológica”. Y aunque no lo dice, sabiendo leer se vuelve explícito que esa república no se conforma con ciudadanos, sino con usuarios. Su infraestructura ya está siendo instalada en América Latina, contrato por contrato, decreto por decreto, sin que nadie lo haya votado.

El modelo se ensaya en Argentina. Pero Bolivia no puede mirar desde afuera.

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, cerrando un ciclo de casi veinte años de hegemonía del MAS, sostenido por una bonanza hidrocarburífera que genera añoranza. Antes de cumplir un mes en el cargo, el subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau ya se había instalado en La Paz para comer salteñas y definir los términos del nuevo vínculo bilateral. Entre los compromisos anunciados ese mismo día de investidura estaba la autorización de Starlink para operar en territorio boliviano. En diciembre, el Decreto Supremo 5509 lo hizo oficial. El 2 de febrero de 2026, Starlink inició operaciones en alianza con Entel, la empresa estatal de telecomunicaciones. “Hoy Bolivia da un salto histórico hacia la modernidad”, declaró Paz.

El entusiasmo es comprensible. Bolivia arrastra una contracción del PIB del 2,4%, escasez crónica de dólares, inflación acumulada del 20% y una economía que combina recesión e inflación simultáneamente. Un gobierno nuevo, urgido de inversión y legitimidad, mira hacia el norte con la esperanza de quien aguarda un salvavidas. Pero el norte ya no viene solo con los condicionamientos clásicos del FMI. Ahora trae satélites, algoritmos y Silicon Valley. ¿A qué precio?

Starlink es la red de internet satelital de SpaceX, empresa de Elon Musk. Musk y Thiel son parte de una red cuyo apodo es la “mafia de PayPal”, ese grupo de emprendedores que fusionaron sus empresas a principios de los 2000, se hicieron multimillonarios y desde entonces han construido una infraestructura tecnológica, política e ideológica que hoy controla aspectos críticos del Estado norteamericano. David Sacks, el zar de IA y criptomonedas de Trump, también forma parte del grupo. JD Vance, el vicepresidente, es una criatura política financiada por Thiel. Jacob Helberg, ex asesor estrella de Palantir, hoy es subsecretario de Estado. En la nómina de autoridades del gobierno estadounidense no hay funcionarios, sino socios.

La entrada de Starlink a Bolivia no solo implica que en el mercado se ofrezca un mejor servicio de internet. Es la instalación de infraestructura de comunicaciones controlada por uno de los actores centrales de este proyecto geopolítico. Quien controla la red, controla los datos. Quien controla los datos, puede mapear el territorio, las personas, los flujos económicos. Palantir sabe de esto mejor que nadie. Su método de expansión —el “land and expand”— consiste en entrar a una organización con un contrato modesto y hacerse tan indispensable que la salida se vuelve imposible. Lo hizo con el NHS británico durante la pandemia. Lo está haciendo con el Pentágono. Sus sistemas fueron instrumentales en la arquitectura de rastreo y deportación que apoyó más de 440.000 expulsiones ejecutadas por ICE durante 2025. En Argentina, hace meses que trabaja con el Ministerio de Seguridad.

En Bolivia, el camino está siendo preparado. La participación de Paz en el “Escudo de las Américas” en Miami, en marzo de 2026, lo posicionó junto a Milei, Bukele, Noboa y Asfura en una alianza de seguridad regional impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y frenar la influencia de China en el hemisferio. El gesto diplomático fue adoptar el modelo con brillos en los ojos. La conversación que Paz sostuvo con Nayib Bukele sobre “seguridad carcelaria y tecnología” apunta exactamente en esa dirección. Bukele es el presidente-CEO que más fielmente encarna lo que Palantir propone: vigilancia total, datos centralizados, autoridad sin contrapesos institucionales.

Lo que el manifiesto llama “lucha contra el crimen violento” —punto 17 del documento— es lo que en Nueva Orleans se tradujo en vigilancia predictiva del 1% de la población, con sesgos raciales documentados y sin conocimiento del ayuntamiento local. La ironía mayor es que la propia Asamblea Legislativa boliviana ya ha identificado y nombrado ese riesgo con precisión técnica: los proyectos de ley PL-310 y PL-288, dormidos sin debate, clasifican los sistemas de “determinación de riesgos o probabilidades de que los sujetos cometan infracciones al orden legal” como inteligencia artificial de riesgo elevado, prohíben terminantemente cualquier IA que “implemente sistemas de vigilancia masiva” y rechazan el uso de algoritmos para decisiones autónomas sobre fuerza letal —exactamente las tres capacidades que definen la oferta comercial de Palantir. El PL-102 de inteligencia estatal agrega una contradicción, pues construye un sistema centralizado bajo la Presidencia y prohíbe como funcionarios a quienes tengan vínculos con empresas transnacionales, mientras el mismo Ejecutivo que lo impulsa firma acuerdos con ellas.

Estos proyectos reconocen, además, que Bolivia ocupa el puesto 117 de 138 países en el Índice Global de IA Responsable, el último de Sudamérica, y lo hacen en el preciso momento en que el gobierno abre la puerta a las corporaciones que esa legislación tendría que regular.

Lo que Palantir vende como solución, los legisladores bolivianos lo han tipificado como peligro. En un país con cinco fronteras porosas, una geografía compleja y una larga historia de persecución política de los pueblos indígenas, el potencial de daño es difícilmente calculable. Bolivia ya lo sabe. Solo que ese conocimiento duerme en una comisión, sin ser debatido, mientras la aceleración ejecutiva lo vuelve irrelevante antes de que pueda siquiera aprobarse.

El manifiesto habla de “decadencia cultural” y sostiene abiertamente que ciertas culturas “han resultado mediocres, regresivas y nocivas”. Bolivia —con su mayoría indígena, su plurinacionalidad constitucional, su historia de resistencia colonial de cinco siglos— entra peligrosamente en esa categoría si se aplica la lógica implícita del texto. El “posliberalismo tecnológico” que propone Karp no es ideológicamente neutro, como le gustaría pensar a Rodrigo Paz, sino civilizatoriamente excluyente. En Bolivia, un país donde más del 40% de la población se identifica como indígena, la abstracción filosófica se torna en política pública en potencia.

¿Qué le espera a Bolivia en un horizonte de diez años si esta tendencia no se examina con rigor? En el escenario más probable, el país profundizará su dependencia tecnológica de actores privados norteamericanos: Starlink para conectividad, AWS y Oracle para datos estatales, IA sin regulación efectiva para seguridad pública. El espacio de soberanía digital se cerrará mientras las políticas que podrían protegerlo duermen sin debate en los cajones de la Asamblea. Los recursos naturales —el litio del salar de Uyuni, el gas, el agua— serán parte del paquete de negociación, articulados en la lógica de inversión extranjera que el gobierno ya está instalando. La DEA habrá regresado del todo, operando con cuestionable impunidad constitucional. Los datos ciudadanos habrán migrado a servidores fuera del país. Y cuando Bolivia quiera renegociar, el vendor lock-in ya habrá ocurrido y salir será técnicamente imposible.

El horizonte más optimista —posible pero urgente— requiere una conciencia que hoy está ausente en el debate público boliviano. La conectividad digital es un derecho y una necesidad real. La inversión extranjera es necesaria en una economía en crisis. Pero la soberanía sobre los datos ciudadanos, la regulación efectiva de los sistemas de inteligencia artificial en seguridad pública, y la participación democrática real en las decisiones tecnológicas que moldearán la vida de millones no son condiciones negociables ni un lujo progresista, pues hacen la diferencia entre modernización y colonización.

El manifiesto de Palantir ya tiene su hoja de ruta. Bolivia, sorprendentemente, también tiene la suya en tres proyectos de ley que prohíben la vigilancia masiva, que protegen los datos biométricos, que rechazan el uso autónomo de IA para decisiones letales, y que reconocen con honestidad que el país ocupa el último lugar de Sudamérica en gobernanza de inteligencia artificial. Existe visión en el papel mientras el ejecutivo corre en la dirección contraria, contrato por contrato, decreto por decreto. La brecha entre lo que la Asamblea intenta regular y lo que la Presidencia ya está instalando es, en sí misma, el diagnóstico más preciso del momento que vive Bolivia.

Mientras el software del Imperio corre por el vecindario, el código boliviano que puede oponer resistencia espera a ser tomado en serio en una comisión legislativa.

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