No se busca su desaparición inmediata, sino su debilitamiento progresivo hasta subordinarlas al poder ejecutivo.

Al desacreditar anticipadamente a un organismo técnico, se condiciona la percepción pública de sus decisiones. Si la institución resiste, se la acusa de oponerse al “pueblo”; si cede, pierde su razón de ser. El resultado es el mismo: el contrapeso desaparece y el Ejecutivo gana discrecionalidad.

En Colombia, esta dinámica se refleja con claridad en el retiro indefinido del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la Junta Directiva del Banco de la República, anunciado el 31 de marzo de 2026 tras la decisión de elevar la tasa de intervención en 100 puntos básicos, hasta el 11,25 %. El presidente Gustavo Petro lo ratificó de inmediato: el Gobierno “se retira de la junta” porque no será partícipe de una “posición de oposición suicida”.

El mecanismo es preciso. La Constitución (artículos 371 y 372) y el Decreto 2520 de 1993 establecen que la Junta Directiva........

© El Nuevo Día