¿Puede efectivamente el quitar beneficios sociales y construir un registro de quien cometió una incivilidad producir menos paredes rayadas o, incluso, menos delincuencia? ¿Cuáles son los correlatos negativos que esta medida podría traer?

El Presidente Kast presentó durante la Cuenta Pública la propuesta de implementar un Registro Único de Vándalos e Incivilidades. Este registro cubriría dos cuestiones diversas: a quienes cometan algunos delitos (se menciona como ejemplo atentados en contra de carabineros) y a los que realicen conductas que no necesariamente son “constitutivas de delito”, pero que se identifican como incivilidades (categoría bastante poco clara aún en la propuesta y ejemplos entregados). En esta columna nos referimos preferentemente a esta segunda dimensión del Registro.

Si bien existen aún muchas dudas sobre los detalles de esta propuesta, debido a que ella no se ha hecho pública, la lógica que se encuentra en la base del registro de incivilidades es simple: quien dañe el espacio público perderá derechos sociales y quedará en un registro (sin que quede todavía claro si este registro será público o no).

Así, acciones tan disímiles como tomar alcohol en la vía pública, hacer un grafiti o dañar bienes comunitarios podrían llevar a perder beneficios sociales que van desde la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) hasta la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Nadie discute que las incivilidades existen, que afectan la vida en común y que el Estado debe buscar formas de intervenir para reducirlas. De hecho, muchos de los ejemplos que mencionó el Presidente en su Cuenta como........

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