El proyecto de ley Escuelas Protegidas no incluye referencias al trabajo en salud mental de los estudiantes y los docentes, tampoco alusiones a que las comunidades dispongan de otras opciones de enfrentar problemáticas relacionadas con la seguridad en la escuela.

En estos días se está discutiendo en Chile el proyecto de ley Escuelas Protegidas, que tiene como propósito “establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales”. Dos de las medidas que han sido objeto de mayor debate son aquellas que facultan a los establecimientos a revisar mochilas del estudiantado y también la que inhabilita a acceder posteriormente al beneficio de la gratuidad en educación superior por cinco años, en caso de tener condenas por violencia.

En esta columna no tengo como propósito discutir estas medidas coyunturales, sino observarlas desde una perspectiva histórica, considerando lo que ha pasado a lo largo de este siglo XXI en Chile, incluyendo los diferentes gobiernos y coaliciones que han liderado las políticas educativas.

Desde esta perspectiva, se puede observar que, bajo diferentes políticas y distintas motivaciones, Chile ha priorizado el aumento del control de los actores educativos, como el medio para alcanzar determinado tipo de resultados educativos. Esta situación es llamativa y creo que es importante reflexionar al respecto, incluso más allá del lugar político en que la persona se posicione, porque gobiernos de diferente color han recurrido a ella. Vamos viendo.

El año 2012, y luego de la promulgación de la Ley General de Educación un par de años antes, se formalizó la existencia de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), cuya estructura busca vincular el desempeño de las instituciones educativas –especialmente en la prueba Simce–, con........

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