La disputa no debería ser contra el pleno empleo. Debería ser por el significado político del pleno empleo y por el papel que el Estado debe desempeñar para hacerlo posible

Una de las afirmaciones que ha instalado el gobierno de José Antonio Kast es que “la mejor política social es el pleno empleo”.

Tanto el Presidente como su ministro de Hacienda han insistido en esta idea, transformándola en un eje discursivo de la nueva administración.

La frase no es casual. Tampoco es ideológicamente neutra. Su fuerza radica en que conecta con una aspiración que comparto: acceder a un trabajo estable, generar ingresos propios y construir un horizonte de bienestar para las familias.

Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad existe una disputa política más profunda que la centroizquierda está dejando pasar inadvertida.

Históricamente, el pleno empleo no surgió en el pensamiento neoliberal ni en la tradición de los Chicago Boys. Su formulación moderna se encuentra en Keynes y en las experiencias laboristas y socialdemócratas del siglo XX. El pleno empleo no era entendido como una consecuencia automática de los mercados, sino como un objetivo político que justificaba una acción activa del Estado para impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo.

La operación ideológica de la derecha consiste en conservar el prestigio político del concepto mientras modifica completamente su significado. El pleno empleo deja de ser el resultado de una estrategia de desarrollo impulsada por el Estado y pasa a ser presentado como una consecuencia natural del libre funcionamiento de los mercados.

En este contexto, la verdadera pregunta no es por qué la derecha ha logrado apropiarse de este concepto. La pregunta es por qué la centroizquierda renunció a disputarlo, del mismo modo en que dejó de liderar el debate sobre crecimiento, inversión y desarrollo.

En ese proceso, terminó privilegiando casi exclusivamente........

© el mostrador