El populismo penal no puede ser la brújula que guíe las reformas institucionales de Chile. El combate a la delincuencia debe darse con las herramientas del derecho, aumentando la eficacia de la persecución penal y de los tribunales ordinarios.

El Mensaje Presidencial de este 01 de junio dejó en claro que la agenda de seguridad del actual Gobierno está dispuesta a desafiar todos los límites del ordenamiento constitucional, incluyendo, además, una afectación directa a importantes conquistas sociales de grandes mayorías de ciudadanos.

De todos los anuncios realizados por el Presidente de la República, el proyecto que crea el denominado Registro Único de Vándalos e Incivilidades, con el explícito fin de revocar derechos sociales como la Gratuidad Universitaria o la Pensión Garantizada Universal, representa la propuesta más peligrosa y técnicamente inviable de la última década anunciada por un mandatario en el ejercicio de su cargo. Detrás de una retórica populista de orden y seguridad, se esconde un mecanismo que podría pulverizar las bases del derecho administrativo y las garantías constitucionales mínimas de nuestro país. Resulta sintomático que, para justificar este severo giro autoritario, el discurso presidencial haya recurrido a reiteradas e idealizadas referencias a Diego Portales. Invocar el fantasma del “peso de la noche”........

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