El debate público merece más que una disputa entre optimistas y pesimistas fiscales. Merece preguntas más difíciles: ¿qué ocurre si el crecimiento no llega? ¿Quién paga el ajuste? ¿Qué institucionalidad ambiental queremos conservar? ¿Es legalmente sólido lo que se está aprobando?

El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, también llamado “Ley Miscelánea”,  ha concentrado en pocas semanas una densidad de críticas técnicas poco frecuente en la historia legislativa reciente del país. El Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, la Corte Suprema, JP Morgan, Bloomberg y exministros de Hacienda han formulado objeciones desde ángulos distintos pero con un núcleo compartido: el proyecto genera costos fiscales ciertos e inmediatos, mientras sus beneficios son graduales, condicionales e inciertos.

Sin embargo, el debate público ha tendido a reproducir esta disputa en clave binaria –reforma necesaria versus irresponsabilidad fiscal– oscureciendo cinco paradojas que merecen atención analítica detenida.

La apuesta al crecimiento que ya fracasó

La arquitectura central del proyecto descansa sobre una premisa que JP Morgan calificó como “atractiva pero incierta”: que la reducción de la carga tributaria y la simplificación regulatoria generarán un crecimiento suficiente para compensar, en el mediano plazo, el deterioro fiscal inmediato. El banco proyectó que este “dividendo de crecimiento” podría tardar más de una década en materializarse.

Lo que el debate omite es que esta apuesta no es nueva. La experiencia comparada de las últimas cuatro décadas –desde los recortes Reagan en los años ochenta hasta las reformas fiscales de la OCDE de los noventa– muestra que la tesis del crecimiento autofinanciado rara vez se cumple dentro de los horizontes temporales prometidos por sus impulsores.

Chile no tiene razones estructurales para constituir una excepción, especialmente en un contexto donde la economía se contrajo 0,3% en febrero de........

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