En octubre de 2021, quinientos hombres de fuerzas especiales y veintidós helicópteros cerraron un cerco en la selva del Urabá. La captura de «Otoniel», entonces comandante del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), fue sin discusión una proeza operativa. Pero el Gobierno de aquel momento dijo algo más: que con ella el grupo armado había llegado a su fin.

Han pasado casi cinco años. La organización no llegó a su fin. Es hoy el grupo armado ilegal más numeroso de Colombia y el de mayor crecimiento. Esa frase no es una opinión. Es una medición, y vale la pena revisarla con calma, porque de ella depende una discusión que el país lleva demasiado tiempo aplazando. Lo que se cree que funcionó La Operación Agamenón arrancó en febrero de 2015 con un tamaño que hablaba por sí solo: 1.200 policías en su primera fase, más del doble de los que integraron el Bloque de Búsqueda que persiguió a Pablo Escobar. Desde 2017 pasó a 3.200 efectivos de Policía y Ejército, con apoyo de agencias estadounidenses y europeas. Los resultados tácticos fueron notables. Once años después, la cuenta suma 3.785 operaciones, más de 8.300 capturas, activos ocupados por encima de los diez billones de pesos y centenares de toneladas de cocaína decomisadas. Los comandantes del Estado Mayor Conjunto cayeron uno tras otro: «Gavilán» e «Inglaterra» en 2017, «El Indio» en 2018, «Marihuano» en 2021 y, en octubre de ese año, el propio «Otoniel». Cuarenta y dos policías y soldados murieron en el intento. Anoto algo al margen, porque de las simplificaciones nacen después las políticas. Para el Estado, y para buena parte del análisis de escritorio que lo acompaña, esta es la única organización del país vinculada al narcotráfico; las demás, habría que suponer, financian la guerra con donaciones. La ironía es barata; el error que la provoca, no. Un diagnóstico que concentra la regulación del mercado entero en un solo actor, produce con puntualidad una política que acierta contra ese actor y fracasa contra todos los otros, que siguen ahí, creciendo, mientras celebramos el golpe. Ningún país puede exigirle más a su Policía y a su Ejército. Hicieron exactamente lo que se les pidió, y lo hicieron bien. Lo que no funcionó Y sin embargo, una década después, la estructura sumó cerca de 2.300 integrantes solo en 2025 y hace presencia en unos 392 municipios: un 55 % más que en 2022 (según FIP). Su cadena de mando resistió intacta la caída de un comandante tras otro. Conviene además fechar bien su crecimiento, porque el debate suele extraviarse ahí: empezó en 2016 y 2017, cuando ocupó los territorios que dejó vacíos la salida de las FARC-EP. Es decir, un lustro antes de la política de paz del........

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