Escribir estas líneas exige, antes que cualquier discusión teórica, un profundo acto de recogimiento. Venezuela atraviesa una de las horas más sombrías de su historia contemporánea. El duelo nacional que nos embarga tras la devastación de los terremotos recientes ha dejado una herida abierta en el alma de nuestra tierra. Las ruinas de nuestras ciudades son, dolorosamente, el reflejo físico de otra fractura igual de profunda: la de nuestras instituciones. A la tragedia telúrica se suma el sismo político y jurídico provocado por la intervención de la administración de Donald Trump el pasado 3 de enero. Hoy, sobre este paisaje de escombros y ausencias, nos corresponde la inmensa tarea de pensar nuestro destino, equilibrando el rigor que exige la academia con la sensibilidad que demanda nuestro dolor compartido.

Históricamente, la relación entre política y derecho ha sido la de un delicado equilibrio. El derecho busca encauzar y civilizar el poder, mientras que la política, en su expresión más pura, es el ejercicio de ese poder. Cuando el Estado de Derecho se desvanece y la legalidad es suplantada por el ejercicio crudo de la fuerza, la sociedad retrocede a un estado de naturaleza. En ese contexto de desamparo institucional interno, irrumpió la intervención del 3 de enero.

Estamos ante una expresión radical de Realpolitik. La acción militar extranjera impuso un orden político de facto, subordinando el derecho........

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