Entre proteger a los menores de las redes sociales y controlar lo que una sociedad puede ver, decir o compartir hay una diferencia enorme. El problema es que, una vez que un gobierno adquiere las herramientas para hacer lo primero, nada garantiza que mañana no quiera utilizarlas para lo segundo.

La frontera puede parecer muy clara en el papel. En la práctica, no siempre lo es.

Australia fue el primer país en establecer una restricción general para que los menores de 16 años no puedan mantener cuentas en determinadas plataformas sociales. La medida entró en vigor en diciembre de 2025 y obliga a las plataformas a tomar medidas razonables para impedir que los menores de esa edad abran o conserven cuentas. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, Reddit y otras plataformas están incluidas en el esquema. La intención es difícil de objetar: proteger a niños y adolescentes de contenidos dañinos, de la explotación comercial de sus datos, del acoso y de los efectos potencialmente perjudiciales de una exposición excesiva a las redes.

Las dificultades, sin embargo, se originan desde cuestiones tipo esta: ¿cómo sabe una plataforma quién tiene 15 años y quién tiene 25? Ahí aparece la tecnología de verificación de edad. Y con ella, una discusión que ya no es exclusivamente sobre niños.

En Reino Unido, la legislación de seguridad digital ha llevado a las plataformas a implementar mecanismos cada vez más sofisticados para comprobar la edad de sus usuarios y restringir el acceso de menores a contenidos considerados dañinos. La autoridad reguladora, Ofcom, admite distintos métodos de verificación, entre ellos la identificación fotográfica y otros sistemas de comprobación. El gobierno británico, además, ha anunciado su intención de avanzar hacia restricciones para menores de 16 años en redes sociales.

La lógica es razonable: si queremos proteger a los menores, debemos saber quién es menor.

Pero entonces aparece otra pregunta, bastante menos cómoda: ¿Y quién sabe quiénes somos todos los........

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