Esta semana fue histórica para España, luego de que se realizara el primer suicidio asistido por el Estado en el país, un hito que, de manera superficial, representaría un paso agigantado en torno al acalorado debate sobre la eutanasia y el derecho a la muerte digna.

No obstante, realmente es difícil encontrar la algarabía en aquello que debió ser un hito en materia de derechos humanos para el país español si se toma en cuenta el contexto del caso.

Se trata de Noelia Castillo, una joven que, tras un primer intento de suicidio derivado de una agresión sexual, quedó tetrapléjica y sumida en un aislamiento absoluto por hipersensibilidad sensorial. Es decir, no podía interactuar con nadie porque todo contacto humano se volvió insoportable para su cuerpo. En esencia, esta medida se otorgó a una mujer a la que el Estado español falló de forma sistemática. Ayudarla a morir fue más una liberación para las autoridades que una respuesta humanitaria ante su suplicio.

Vamos desde el principio: el declive de Noelia no inició con su discapacidad física, sino desde su infancia, cuando el Estado la separó de sus padres por no contar con los recursos para mantenerla en medio de su divorcio. Después, con una violación que el sistema judicial no supo castigar ni reparar. El trauma de la agresión, sumado a la impunidad, detonó una depresión severa que nunca recibió el acompañamiento psiquiátrico intensivo necesario. Ante la falta de terapia y la presencia de burocracia, la joven saltó de un quinto piso en un grito desesperado que la dejó postrada. El Estado, que durante su infancia y adolescencia la separó de sus padres y posteriormente no la protegió de la violencia sexual ni evitó su intento de autolesión, terminó por validar su muerte como la única salida posible. Es la “eutanasia por exclusión”, el sistema que ayuda a morir a quien previamente dejó morir en vida.

Durante los 601 días que duró el proceso legal para acceder a la prestación, la discusión se centró en tecnicismos judiciales y en la oposición de su padre, mientras la salud mental de Noelia seguía en la periferia de las políticas públicas. Lejos de que la eutanasia avanzara como el derecho humano que se discute en el mundo, en España llegó como un lavado de manos estatal ante sus carencias operativas. Se ofreció un fármaco letal para silenciar un dolor que el propio sistema ayudó a construir mediante la omisión y la negligencia.

En México, este fenómeno se discute con frecuencia y es probable que transitemos hacia marcos legales similares en un futuro cercano. Y está bien, el derecho a la muerte digna es necesario. Sin embargo, el caso de Noelia obliga a una reflexión profunda antes de dar ese paso. Debemos revisar si nuestra sociedad y nuestras autoridades están listas para realmente otorgar una muerte digna o si, por el contrario, la legalización se convertirá en una vía de escape para evadir la responsabilidad sobre las vidas que el sistema volvió indignas. Si el Estado sólo aparece para facilitar la muerte cuando ya falló en todo lo demás, lejos de un avance social, estamos ante una rendición institucional.

© El Heraldo de México