El informe presentado el viernes pasado por el Gobierno de México ofrece una actualización relevante sobre el número de personas desaparecidas en el país. Con más de 394 mil registros históricos y más de 132 mil personas que continúan sin ser localizadas, estas cifras permiten dimensionar la magnitud de un problema que se ha acumulado durante décadas, y sobre todo en los años recientes.

Pero seamos puntuales. Ese ejercicio sólo busca ordenar la información disponible y dar claridad sobre el estado actual del registro de desapariciones. Sin embargo, los propios datos muestran limitaciones y contradicciones importantes.

De acuerdo con el informe, de las 132 mil personas desaparecidas, el 36% de los casos no cuenta con información suficiente para su búsqueda; 31% presenta registros de actividad posteriores a la desaparición, sin que eso haya ayudado a su localización, y el resto carece de datos recientes.

Esto implica que, en una parte significativa de los casos, la información disponible es incompleta o insuficiente para orientar procesos de localización.

A todo esto se suma un elemento muy relevante: el número de carpetas de investigación abiertas es de apenas 3 mil 869 contra más de 132 mil desaparecidos, esto es menos de tres por cada 100. Este solo dato sugiere que la atención de esta problemática no ha sido procesada judicialmente, lo que impacta en la capacidad de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Este tema, además, no se limita al registro de personas desaparecidas. La existencia de miles de fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos sin identificar en servicios forenses, evidencia una dimensión adicional: las autoridades no han podido vincular ambas problemáticas.

Y en paralelo, diversos colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos muy rápido cuestionaron las cifras oficiales porque no reflejan plenamente las dificultades que enfrentan las familias en los procesos de búsqueda y atención. Estas diferencias no sólo invalidan la información institucional, porque claramente podrían estar subestimadas, también evidencian distintas lecturas sobre el alcance y la efectividad de las acciones implementadas para su atención.

En este contexto, el reto no se limita a consolidar una cifra, presentarla y defenderla, como hizo la presidenta. La información disponible constituye un punto de partida, pero no sustituye la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, mejorar la calidad de los registros y ampliar la capacidad de investigación e identificación.

Pero sobre todo, el reto está en frenar una realidad que en los dos años anteriores sumó 12 mil desapariciones más y en el primer trimestre de este año agregó más de 2 mil nuevos casos.

Las cifras, por sí mismas, no resuelven la crisis. Su valor radica únicamente en que permiten dimensionarla con mayor claridad y, a partir de ello, valorar la responsabilidad institucional que implica atenderla. Es ahí donde el Estado vuelve a quedar en deuda con decenas de miles de desaparecidos que señalan su incapacidad para resolver este problema.

DIPUTADA LOCAL DEL PAN

© El Heraldo de México