La reciente decisión del Congreso mexicano de castigar con cárcel la venta de vapeadores marca un punto de inflexión en la política pública sobre nicotina y adicciones. Aunque la medida se presenta como un esfuerzo para proteger a niños y adolescentes, su diseño punitivo abre muchos más interrogantes que certezas. En un país donde el sistema judicial ya enfrenta saturación y desigualdad, introducir una nueva categoría de delitos no violentos parece más un acto simbólico que una solución real.

Proteger la salud pública es un objetivo legítimo, especialmente cuando los vapeadores han sido promovidos como productos “inofensivos” pese a sus riesgos. Sin embargo, equiparar su comercialización con un delito que amerita años de prisión ignora que los problemas de salud se enfrentan mejor con educación, regulación y prevención, no con castigos severos. La criminalización rara vez ha demostrado ser una........

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