Esta semana, en el pleno de la Cámara de Diputados discutiremos el Plan B de la reforma electoral, un conjunto de modificaciones que fue aprobado por el Senado de la República la semana anterior, y que ha generado debate público en los últimos días. Como ocurre cuando se trata de cambios en materia electoral, el tema ha estado rodeado de interpretaciones, críticas y, no en pocos casos, de desinformación.

Uno de los puntos que más polémica ha generado en redes sociales es la supuesta inclusión de la revocación de mandato dentro de esta reforma. Sin embargo, es importante aclarar que esto no es posible. Aunque el concepto aparece mencionado en el título del dictamen, el contenido constitucional correspondiente al artículo 35, no fue aprobado previamente por el Senado. En términos legislativos, esto significa que no puede incorporarse en esta reforma, ni existe la intención de hacerlo. La discusión gira en torno a otros aspectos que buscan fortalecer la eficiencia administrativa, la disciplina presupuestal y la coherencia institucional en distintos órdenes de gobierno.

El primer eje de la reforma se refiere a la integración de los ayuntamientos y al gasto de las legislaturas locales. El dictamen plantea que los municipios puedan conformarse con una sindicatura y hasta quince regidurías. La medida responde a una realidad evidente: en muchos municipios del país existen estructuras de cabildo sobredimensionadas que no necesariamente se traducen en mejor representación democrática, pero sí en mayores costos para el erario. Reducir excesos administrativos no significa debilitar la representación política, sino orientarla hacia criterios de proporcionalidad y eficiencia.

En la misma lógica, la reforma establece que el presupuesto de las legislaturas de las entidades federativas no deberá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos del estado correspondiente. Esta disposición busca corregir distorsiones históricas en el uso del gasto público y promover una mayor responsabilidad financiera en los congresos locales. Aquellos que ya se encuentren por debajo de ese porcentaje no podrán incrementarlo en términos reales, salvo por ajustes inflacionarios. Además, los recursos liberados por estas reducciones permanecerán en el ámbito local para destinarse a servicios públicos, obra local y acciones que impacten directamente en el bienestar de la población.

El segundo eje aborda las remuneraciones de los altos funcionarios de los organismos electorales. El dictamen precisa que consejeros, magistrados y titulares de órganos ejecutivos del Instituto Nacional Electoral, así como de los organismos públicos locales electorales y tribunales electorales, no podrán recibir salarios superiores al de la persona titular del Ejecutivo Federal. Esta disposición retoma el principio establecido en el artículo 127 constitucional y busca evitar privilegios que durante años se mantuvieron en ciertas áreas del servicio público. El Estado debe actuar con austeridad y congruencia frente a las necesidades de la población.

El tercer componente de la reforma plantea una reducción progresiva del presupuesto del Senado de la República. Durante los próximos cuatro ejercicios fiscales se ajustará su gasto anual con el objetivo de alcanzar una disminución acumulada del 15 por ciento. Se trata de un mensaje de coherencia institucional. Si desde el Poder Legislativo se exige responsabilidad en el manejo del dinero público, lo mínimo que corresponde es aplicarla también hacia dentro.

En suma, lo que se discutirá esta semana es una serie de medidas orientadas a fortalecer la austeridad republicana, mejorar la eficiencia del gasto público y responder a una demanda del pueblo de México: que las instituciones funcionen con responsabilidad, sin privilegios y con el compromiso de servir verdaderamente a la población.

Diputado Federal y Vocero del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura

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