En México, la extorsión telefónica dejó de ser un delito “de oportunidad” para convertirse en una industria. Más de 50% de estos fraudes provienen de los 325 centros penitenciarios del país y, peor aún, 85% de las llamadas para robar y estafar salen de sólo cinco penales.

El dato no sólo exhibe la magnitud del problema: desnuda una falla estructural. Si se sabe de dónde sale buena parte del veneno, ¿por qué sigue corriendo?

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió apostar por un registro único de celulares para cortar el oxígeno de la telefonía anónima que alimenta la extorsión, el fraude, el robo y el acoso.

El proyecto no es nuevo: otros gobiernos lo intentaron y fracasaron. El argumento oficial es que ahora cambiará el método y, sobre todo, la responsabilidad que asumirán las compañías telefónicas.

Las cifras explican la urgencia. De 158 millones de líneas activas en México, 85% â€”unos 134 millones— son de prepago, sin identidad plenamente verificable: líneas........

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